Ramón Díaz Alcaraz, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera

La instrucción del caso de los ERE fraudulentos ha dejado evidencias de que en la Consejería de Empleo se conoció y se permitió el desmán administrativo para otorgar en torno a mil millones de euros en prejubilaciones y ayudas a empresas entre 2001 y 2010. Pero la evidencia definitiva es la que se desprende de la documentación que ha aportado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil María José Rofa, asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre julio de 2008 y marzo de 2011. Rofa llegó a la Consejería de Empleo a los pocos meses de que Chaves jurara por última vez el cargo como presidente de la Junta y de que cesaran a Francisco Javier Guerrero. Antonio Fernández seguía siendo el consejero de Empleo y Juan Márquez Contreras el nuevo director general de Trabajo. Los dos últimos están imputados.

La asesora describe en la documentación que se encuentra con un caos absoluto en la gestión de los expedientes. Los nueve años de Guerrero –ahora en prisión preventiva– al frente de Trabajo dejan la herencia de una total ausencia de procedimiento para otorgar las ayudas, partidas comprometidas sin «soporte de convenio entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA», un completo desorden en los expedientes, la imposibilidad de verificar la legitimidad de los beneficiarios de pólizas, e incluso el desconocimiento de cuánto debían a las empresas aseguradoras. Un débito que se cifró apresuradamente en 311 millones de euros «sólo en apoyo a pólizas de prejubilaciones conforme a información de las aseguradoras, pero sin un revisión de los expedientes de forma profunda ni materialmente, ni exhaustiva o mínima».

Había dos opciones ante esta encrucijada. Una reformulación total para virar hacia la legalidad, lo que hubiera dado lugar a que se hubiera conocido el escándalo o hacer un torniquete administrativo, ordenando en la medida de lo posible los papeles y siguiendo adelante. Del testimonio y la documentación de esta asesora se desprende que se optó claramente por la segunda vía. La estrategia de taponamiento funcionó hasta que a principio de 2009 estalló el escándalo de las comisiones irregulares en Mercasevilla y, de ese hilván, la aparición de los primeros intrusos en 2011.

Ante este caos, señaló Rofa a la Guardia Civil que «cabía la anulabilidad de todos los actos administrativos e instar la normativa legal que amparara a los beneficiarios que pudiesen legítimamente aspirar a dichas ayudas, pero no se tuvo en cuenta dicha opinión. De hecho, se me dijo que no era posible abordar dicho ‘escándalo’ de descontrol sin saber siquiera el fondo de lo que había por delante y qué es lo que había firmado el saliente director general, Javier Guerrero».

La primera tarea de Rofa fue «localizar documentación para verificar datos», para lo que se ayudó de dos secretarias de Guerrero. Apremiaba disponer de toda la información porque tenían que remitirle los datos a Hacienda para elaborar los Presupuestos de 2009, que fueron los últimos de los que se encargó Griñán como consejero de Economía (entre 2004 y 2009). Detalla que el 25 de junio le envió un email «al nuevo director general, Juan Márquez», con los datos volcados «hasta el día anterior» y «a continuación otro email con una versión más reducida» según «indicaciones seguidas» que le dieron tanto Ramón Díaz Alcaraz –parlamentario socialista en esta legislatura y entonces asesor de Empleo contratado en Faffe– como el director general para «quitar algunos de los compromisos asumidos». Ramón Díaz –mandado a investigar por la juez Alaya a petición de la Fiscalía Anticorrupción al haber presuntamente mediado para incluir intrusos en el ERE de Saldauto–, según su versión, acabó el documento de cara a los Presupuestos mientras Rofa estaba de vacaciones. «Díaz me llamó para varias modificaciones y para ver cómo modificaba el documento Excell». Fue de hecho Díaz el que, «como se ve por sus notas», «terminó el expediente de Saldauto».

A la vuelta de las vacaciones se «planteó la reflexión de que así no se podía trabajar». Faltaban recursos y los expedientes no estaban hechos conforme a «expedientes administrativos». En acuerdo con Juan Márquez Contreras se nombró a un equipo para normalizar la situación, entre ellos, a un administrativo sobrino del director general. «Se tuvieron varios análisis con la Agencia IDEA y la Consejería de Empleo», «entre los directivos acordaron seguir con el mismo procedimiento –emanado del convenio de 2001 entre Empleo y el IFA sobre el que alertó la Intervención General–, pero montando los expedientes conforme a reglas de administración». «El objetivo era que lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado». «La instrucción recibida desde finales del verano de 2008 fue seguir montando los convenios para dar cobertura a los compromisos asumidos por el anterior director general a fin de no perjudicar a los beneficiarios (…) No había vuelta atrás. La «encomienda» recibida por Juan Márquez fue «rehacer todo y ordenar poco a poco todo lo que el anterior director general había dejado». En este intento de encaje normativo (se conocían desde 2005 los avisos de la Intervención), se planteó incluso una encomienda de pago a través de Faffe (una mercantil de Empleo ) en lugar de a través de IDEA.

En el punto de mira

RAMÓN DÍAZ ALCARAZ

Activa participación

El ex asesor de Empleo y parlamentario socialista participó junto a Guerrero en el desmán administrativo e intervino tras la dimisión de éste para tapar el problema.

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS

Sigue con el procedimiento

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social hereda el caos dejado por Guerrero. Sigue con el mismo procedimiento, pero montando los expedientes.

DANIEL ALBERTO RIVERA

Custodia de los expedientes

La que fuera asesora de Empleo María José Rofa dice que los expedientes están desde noviembre de 2010 en el despacho del actual director general Daniel Rivera