La vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, Patricia Navarro, ha afirmado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE-A), es “la mano que mece la cuna” en el caso de la supuesta “trama” de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a la partida 31L de la administración autonómica –a su juicio, “el mayor caso de corrupción política en Andalucía y España”–, al “impulsar con su firma” modificaciones presupuestarias para variar dicha partida, también conocida como la del ‘fondo de reptiles’, en 2008 para financiar el plan Bahía Competitiva.

Así lo ha señalado Navarro en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Sevilla junto al presidente de Nuevas Generaciones en Andalucía, Luis Paniagua. En esta línea, ha aseverado que la presencia de la rúbrica de Griñán en esas modificaciones presupuestarias demuestra que “está más claro que nunca” que el jefe del Ejecutivo andaluz “supo, consintió, tapó e impulsó con su firma” ese caso, en el que “se han expoliado más de 1.400 millones de euros a los parados andaluces”, y en el que considera que el presidente autonómico está implicado “hasta las cejas”.

En opinión de la vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, el “cerco” en este caso es “cada vez más pequeño, pero sigue cabiendo cada vez más gente”. “Ha sido una herencia que ha pasado de un presidente de la Junta a otro –de Manuel Chaves a José Antonio Griñán–; de un consejero a otro –de Guillermo Gutiérrez a José Antonio Viera, de Viera a Antonio Fernández, y de él al actual consejero de Empleo, Manuel Recio–, y de un director general de Empleo a otro –de Francisco Javier Guerrero a Juan Márquez, y de él a Daniel Alberto Rivera–, y eso sin hablar de otras consejerías vinculadas a esos fondos”, ha apuntado Navarro antes de apostillar que este caso “ya no es cosa de cuatro golfos”.

Además, ha negado que esas modificaciones presupuestarias “pasaran por el Parlamento andaluz”. “Miente como bellaco quien diga eso”, ha aseverado, porque “fue obra singular y exclusiva de la Junta de Andalucía, con Griñán a la cabeza”. En ese sentido, ha insistido en señalar que la firma del presidente andaluz es “la huella más evidente de su implicación en el caso”, algo que, a su juicio, “ya nadie puede poner en duda”.

Al hilo de ello, Navarro se ha preguntado “si es legal destinar más dinero a una partida que iba a ser utilizada para conceder ayudas sin ningún tipo de procedimiento ni control, incluso en algunos casos sin que los que se iban a beneficiar de ellas las hubieran solicitado”.

Por último, la representante ‘popular’ se ha mostrado convencida de que el motivo de que, aunque fuera la Consejería de Empleo la que “decidía en qué y cómo debían gastarse” esos fondos, y la que daba las “directrices e instrucciones”, éstos “no se quedaban en la consejería, sino en la agencia que debía gestionarlos”, residía en que así se podía “escapar del control, el derecho administrativo y la contabilidad oficial”, y así “se podían gestionar de manera oscura y opaca esos fondos”, ha concluido.