Cabaña, durante su intervención ante dirigentes del PSOE de Cádiz.

Subvenciones millonarias destinadas a crear empleo dentro del Plan Bahía Competitiva, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2007, se esfumaron en operaciones especulativas en la Bolsa o acabaron en sociedades afincadas en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal, según revela ABC.

Ésta es una de las conclusiones que se desprende de una investigación policial que sigue el rastro de casi 25 millones de euros, procedentes del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía, que fueron a parar a un conglomerado de sociedades vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma e inviables.

Para acreditar su solvencia, presentaban certificados bancarios, facturas o contratos falsos, que pasaron sin dificultad los controles de la comisión integrada por ambas administraciones y la Diputación de Cádiz (presidida por el socialista Francisco González Cabaña hasta las elecciones municipales del 22 de mayo) para evaluar los proyectos. De hecho, según la Policía, «es en este estamento donde se ha producido el mayor fraude por cuanto desde aquí han partido las evaluaciones que tenía en cuenta la Dirección General de Industria (Ministerio) para conceder las ayudas». Sin embargo, Cabaña, secretario general del PSOE de Cádiz, negó ayer su participación y de la institución «en un proceso irregular de ayudas».

Las empresas investigadas por los delitos de fraude con subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales están vinculadas al gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña —quien llegó a crear 50 sociedades— y a las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña. Pero la Policía Nacional, que inicia en junio una investigación a instancias de la Fiscalía de Sevilla, involucra en la trama también a gestores y comisionistas —especializados en tramitar las subvenciones—, funcionarios y altos cargos de la Junta, como el exgerente del plan, Antonio Perales, que fue detenido en diciembre pasado. El detonante fue una denuncia de la Junta.

El informe final de las diligencias realizado por la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, acredita «la existencia de un fraude por medio de creación de sociedades con la única finalidad de solicitar subvenciones fraudulentas». Indagando en las cuentas bancarias, constata «un enriquecimiento ilícito por importe de 21,1 millones», que coincide con las subvenciones que pagó el Ministerio de Industria a cinco sociedades: Cádiz Solar Center SL (11 millones), Soluciones Tecnológicas Ambientales (2,4), Aquandalucía SL (2,1), Sostenibilidad, Ecología, Agua SL (3) y Bagazo SL (2,6). A esta riada de fondos hay que sumarle 3,64 millones concedidos por la Junta a través de su agencia IDEA, el mismo organismo que utilizaba para hacer los pagos irregulares de los ERE fraudulentos.

Fondos de inversión

Los investigadores de la Udyco destacan que una vez que el Ministerio, a través de la Dirección General del Tesoro, realizaba los ingresos en las cuentas de las empresas, éstos se desviaban a otras o salían «por medio de cheques o pagarés». Parte del dinero se evaporó en operaciones especulativas. «Muchas de estas operaciones han consistido en el ingreso de estas cantidades millonarias en fondos de inversión, seguidos de su retirada y reingreso repitiéndose el proceso varias veces», aseguran, lo que habría generado unos pingües «beneficios».

Otros fondos acabaron en un paraíso fiscal. Según la Udyco, «se han realizado unos aparentes pagos a sociedades extranjeras, como el caso de Kelos Investments Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, en concepto de obras de edificación». Esta sociedad era puro humo, no existía. Algunas de las empresas están vinculadas a «un conjunto de socios de dudosa reputación por tratarse de sociedades residentes en Luxemburgo», relata el atestado. Abundando en estas pesquisas, «se pone de manifiesto cómo entre los socios se encuentran numerosas sociedades que adoptan la forma de holding» y que «son consideradas como paraíso fiscal en sí mismas».

En suma, se crea una tupida red de empresas tapadera, cuyos titulares tienen vínculos familiares o profesionales entre sí, o se colocan al frente de las mismas a «testaferros» o «personas de paja». Las ayudas formaban parte de un prometedor proyecto impulsado por el Gobierno de Manuel Chaves para frenar el declive económico de la comarca gaditana tras el cierre de la multinacional de automoción Delphi en 2007 en Puerto Real.

El plan estrella se convirtió en un agujero negro para las ayudas. Al frente estaba Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, dirigente histórico del PSOE-A. La sobrina del gerente del plan y hija del malogrado Alfonso Perales, Ofelia Perales, trabajaba como técnica en una de las firmas subvencionadas ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz).