Ángel David Martín Rubio.- El juez Baltasar Garzón no está siendo procesado por una virtual investigación de los “crímenes del franquismo”, sino por haber olvidado que la aplicación de la Ley pertenece a la esencia de un Estado de Derecho.

El aforismo “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa” expresa lacónicamente que no puede sancionarse una conducta si la Ley no la califica como delito previamente. Tampoco cabe olvidar al respecto la existencia de mecanismos de extinción o no exigencia de la responsabilidad penal, como es el caso de la prescripción o de la amnistía.

En derecho penal, la prescripción produce la extinción de la acción y de la pena. Aplicado a los sucesos de nuestra historia más reciente, es el caso del decreto que en marzo de 1969 declaraba prescritas las responsabilidades penales por hechos cometidos durante la Guerra Civil “cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias”. Es significativo que el régimen nacido del 18 de julio no considerara oportuno aplicar, ni siquiera a los asesinatos cometidos por sus enemigos, los acuerdos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad, tomados con mucha posterioridad a los sucesos, invocando la convivencia de 30 años que había seguido a “lo que en su día fue una lucha entre hermanos unidos hoy en la afirmación de una España común”.

En fecha tan temprana, se abría paso la consideración de los sucesos de la Guerra Civil no como un nuevo objeto de disputa entre los españoles, sino como historia común asumida responsablemente por todos.

Por la amnistía, los culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Como acto jurídico normalmente emanado del Poder Legislativo, suele ir asociado a momentos de cambio político y de liquidación de responsabilidades, y tal es el caso de la Ley de Amnistía de 1977. Ahora bien, lejos de favorecer una presunta impunidad de quienes otorgaron esta ley (para ello haría falta el absurdo de que ellos mismos se consideraran culpables), permitió liquidar las responsabilidades por los crímenes cometidos a partir de 1939 y fueron los terroristas de ultraizquierda quienes resultaron sus principales beneficiarios.

Vulnerando ambos principios, el de la prescripción y el de la amnistía, Baltasar Garzón ha dirigido su particular ofensiva contra unos sucesos que resultan ya imposibles de juzgar, no solamente por carecer de instrumento legal que lo permita, sino por la ausencia de responsables, testigos cualificados, capacidad de defensa, adecuada instrucción y contextualización… Con el agravante de que el juez acota parcialmente su objeto de atención negándose a investigar los crímenes cometidos por el Gobierno del Frente Popular y, más en concreto, los asesinatos masivos que tuvieron como escenario el término municipal de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, donde se calcula que en menos de un mes fueron asesinadas más de cuatro mil personas.

El Gobierno republicano –antes de huir a Valencia al aproximarse las tropas nacionales a la capital de España– dejó la situación en manos de la Junta de Defensa de Madrid, creada el 6 de noviembre de 1936 con el comunista Santiago Carrillo al frente de la Consejería de Orden Público. Al mismo tiempo, se pone en marcha el más mortífero sistema represivo preparado por el Gobierno fugitivo y ejecutado por la Junta y su consejero de Orden Público.

Pretender, como hace ahora Garzón, que en Paracuellos “no hubo delitos contra altos organismos de la Nación” no es solamente una vulneración de la Justicia sino, ante todo, de la verdad, tantas veces sacrificada en el altar de la Memoria Histórica. Porque si es cierto que los más altos organismos de la Nación estuvieron implicados en la matanza, no lo es menos que con ella pretendían dar por liquidado el proceso represivo iniciado en julio de 1936 y que ya había costado la vida a miles de madrileños.

La presencia de centenares de militares y eclesiásticos entre las víctimas de Paracuellos es indicio de ello, pero no lo es menos el asesinato de centenares de representantes de los grupos políticos y sociales que en los años anteriores habían hecho frente a la ofensiva revolucionaria protagonizada por la izquierda con anterioridad al origen de la Guerra Civil.

Podemos recordar, para concluir, que en diciembre de 1936 Stalin había recibido del socialista Largo Caballero –por entonces al frente del Gobierno– la confesión de que “cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, esta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas”. Unas palabras que definen el escenario de un régimen totalitario y violento, escenario político del más violento episodio represivo de toda la Guerra Civil, un episodio que Garzón se niega a investigar.

*Historiador y autor de “Reflexión sobre las víctimas de la Guerra”.