La tensión en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción, especialmente entre la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento, está al límite. Incluso, a la agresión física. Según ha denunciado públicamente el PSOE, la edil de Personal, Aurora Camacho que está embarazada, ha sido la víctima de una “trabajadora municipal”.

Desde las filas socialistas califican la actuación de “impropia e incalificable”. Además, entienden que “supone un delito tipificado en el Código Penal y como tal habrá de responder en los juzgados, independientemente de las responsabilidades disciplinarias que se van a sustanciar con la inmediata apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de empleo y sueldo”.

Ésta es, justamente, parte de la cuestión. Los empleados municipales llevan meses sin cobrar sus salarios y ya no creen en los sindicatos, por lo que se han organizado como plataforma a la vez que solicitan la dimisión de la Junta de Personal. Unas circunstancias que no justifican ninguna agresión pero que hacen algo irónico que el propio Consistorio se plantee una “suspensión” de sueldo.

En cualquier caso, el PSOE ha subrayado que no es de recibo “el clima de crispación que están generando en la ciudad propiciado por un pequeño número de trabajadores” a los que acusa de “estar acudiendo al domicilio de la alcaldesa, Gemma Araujo (PSOE), para insultarla”.

Además, afirma que “los verdaderos responsables de la situación por la que atraviesa la plantilla municipal, Juárez y Alejandro Sánchez, ambos ex alcaldes del PP, que campan a sus anchas sin que ninguno de estos trabajadores les pida responsabilidades”.

Por último, el PSOE ha atacado a los trabajadores que están llevando a cabo, según el gobierno local, “coacciones” y que han llegado a decir que, “en su mayoría, están enchufados por el GIL-P.P”. “No van a conseguir quebrar la voluntad de los socialistas, ni el firme compromiso de actuar para reducir el capítulo de Personal prescindiendo de aquellos trabajadores que son innecesarios para el funcionamiento de los servicios municipales y que desde el punto de vista legal sea posible”, ha asegurado el Partido Socialista.

Más allá de una declaración oficial, ni la alcaldesa ni la concejal, que necesitó asistencia del 061, han querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido.