Las consejeras Clara Aguilera y Mar Moreno, junto al titular de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, ayer tras el Consejo de Gobierno.

El PP volvió ayer a poner el foco de denuncia en la gestión de los gobiernos socialistas de la pasada década, la coincidente con el escándalo de los ERE (expedientes de regulación de empleo). El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó ayer que la Junta financió sus oficinas de representación en Madrid y Bruselas desde 2004 a 2006 con el mismo procedimiento de transferencia de capital a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA o IDEA) que el utilizado para el pago de las prejubilaciones y ayudas a empresas investigadas por fraudulentas.

Para Sanz, ello suscita «sospechas» sobre la opacidad en la gestión del dinero destinado para personal y gastos de las citadas oficinas ( 1.356.821 euros en la delegación de Bruselas y 605.880 euros a la delegación de Madrid desde 2004 a 2006). El PP admite que no ha detectado ningún desvío de dinero en estas partidas como en el caso de los ERE, pero pregunta a la Junta por qué utilizó un sistema que la propia Inspección General de Hacienda calificó de irregular y proclive a la opacidad en la gestión de fondos públicos.

Sanz sembró dudas sobre las razones por las que la Junta decide convertir unas partidas presupuestarias ordinarias aprobadas por el Parlamento en un convenio entre la Consejería de Presidencia y el IFA para financiar la actividad de las sedes de Bruselas y de Madrid. El convenio al que hace referencia Sanz se firma en 2003, según documento que aportó él mismo. Ese año el IFA aún dependía de Empleo, siendo José Antonio Viera su consejero. El IFA lo presidía Antonio Fernández, luego también titular de Empleo. Fernández ha sido llamado a declarar por la jueza que investiga el fraude de los ERE como imputado.

Para Sanz, está claro que el objetivo era «escapar al control de la Intervención, al control parlamentario y al control presupuestario de la utilización de esos fondos» usando el IFA como «banca privada del PSOE». El secretario general del PP andaluz se pregunta «¿en qué se gastaban el dinero? ¿Estamos hablando de comidas, de gastos injustificados o de pagos al personal?».

Esta denuncia de Sanz no es nueva. El pasado día 3, el PP anunció que había llevado al juzgado que instruye el caso de los ERE un escrito pidiendo a la magistrada Mercedes Alaya que investigara la concesión de ayudas en otras consejerías por el mismo sistema de transferencia de capital que el que utilizaba Empleo para pagar los ERE. Fue el propio Sanz quien anunció que se investigara a las consejerías de Gobernación, de la Presidencia, de Innovación, Ciencia y Empresa, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, y Turismo.

Respuesta de la Junta

Fuentes del Gobierno andaluz señalaron ayer a este periódico que el sistema de transferencia de capital es un modelo legal en la administración, aunque ya haya prescindido de él tras las advertencias de la Intervención General. También criticaron la denuncia del PP, puesto que no hay irregularidad detectada en el uso de este sistema en la financiación de las sedes de Bruselas y Madrid. El Gobierno andaluz insiste en que el caso de los ERE está circunscrito a una dirección general, la de Trabajo, y a su titular durante diez años, Javier Guerrero.

Según la Junta, lo que el PP persigue es hacer una causa general de corrupción de los gobiernos socialistas, extender «un manto de sospecha» a todas las consejerías de la Junta tirando del ‘caso de los ERE’ en víspera electoral, pero sin haberse detectado menoscabo de dinero público o malversación de fondos en ninguna otra como sí en Empleo.

La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, insistió ayer en que ha sido la Junta la que ha denunciado la corrupción en la dirección general de Trabajo. «Esta no es la legislatura del fraude de los ERE, es la legislatura contra el fraude de los ERE, investigamos para que los culpables paguen y se les caiga el pelo si es posible», manifestó tras el Consejo de Gobierno.