Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal imputado en la investigación sobre los ERE fraudulentos, insiste en que quiere volver a la Junta de Andalucía, al cuerpo de funcionarios de la administración autonómica, en el que ejercía antes de acceder a la Alcaldía de El Pedroso en 1995. Según explicó ayer a ABC su abogado, Fernando de Pablos, aún no han recibido respuesta de la Junta de Andalucía pese a que están a punto de cumplirse los tres meses de silencio administrativo.

Esa solicitud para reingresar en el cuerpo de funcionarios la hizo pública el ex alto cargo a primeros del pasado mes de noviembre sólo unos días después de haberla realizado formalmente. Guerrero fue director de una oficina del INEM en la Sierra Norte pero pidio una excedencia cuando comenzó a ocupar cargos públicos. Unos meses después de que estallara el escándalo y de ser imputado y de revelar la existencia del «fondo de reptiles» hizo la petición para reincorporarse a la Administración andaluza.

No tiene trabajo

Guerrero insiste en que está «en su derecho» de exigir su plaza en la Junta de Andalucía ya que, según su abogado, ahora no tiene ningún puesto de trabajo y es su mujer la que ha tenido que ponerse a «vender seguros».

«No está condenado ni inhabilitado para ejercer cargos públicos», recalcó el abogado para insistir en que tiene derecho a volver a la Adminstración. Por ello su defensa aseguró que, si en los próximos días no recibe una contestación positiva que le permita volver a su puesto de trabajo, irán a los tribunales para defender lo que considera «su derecho».

Esa amenaza de acudir a los tribunales también se complementa con otra lanzada por su defensa. «Está completamente dispuesto a tirar de la manta», dijo ayer Fernando de Pablos. En cualquier caso la propia consejera de Presidencia, Mar Moreno, el pasado martes intentó hacer ver que en la Junta no están preocupados con la posibilidad de que alguno de los imputados hablen. «Si hay manta que tire de la manta hasta el último cabo» recalcó Moreno sobre este asunto.

En cuanto la readmisión, ayer fuentes del Ejecutivo andaluz no quisieron revelar cual será la decisión final sobre la petición de Guerrero. «Si no hay ningún impedimento legal puede que haya que readmitirlo», explicaron desde la Junta. Una readmisión que no debe ser plato de gusto para el Ejecutivo después de las últimas revelaciones. Y es que Guerrero concedió a su chófer, Juan Francisco Trujillo, tres subvenciones por 450.000 euros cada una (en total 1.350.000). Y confesó ante la Policía y ante dos juzgados de Andújar, donde está siendo investigado por varios delitos fiscales, que una parte de ese dinero se la devolvió a su jefe en mano y que la mayor parte se la gastaron en cocaína, fiestas y copas. Además dijo que le dio en mano entre 40.000 y 60.000 euros y que compró numerosos regalos para su entonces jefe: relojes, cuadros antiguos, un piano, ropa o música.

Griñán se ampara en que lo ignoraba todo

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, rompió ayer su mutismo tres días después de conocerse que el chófer de Guerrero gastó dinero de las subvenciones en fiestas y cocaína. «Si yo hubiera tenido conocimiento, lo habría denunciado, como es lógico», aseguró en una comparencia de prensa en Málaga donde anunció la próxima convocatoria electoral. Griñán llegó a encararse con un periodista cuando le inquirió sobre este tema. El mandatario le reprochó al reportero que de haberlo sabido y no haberlo llevado al juzgado estaría acusándolo de cometer «un delito». «En cuanto hemos tenido conomiento de una irregularidad, ha sido denunciada y hemos pedido el reintegro, siempre y en todo momento», desmintiendo a su consejero que ayer mismo indicó en el caso del chófer no se pidió la devolución del dinero. Subrayó que «ha sido en esta legislatura en la que hemos tomado la iniciativa» de investigar la trama y denunciarla.