El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio.

Un repartidor de prensa con una parálisis total en las piernas e incapaz de valerse por sí solo con los brazos, un operario con la espina dorsal seccionada dedicado a tareas de carga y descarga o una persona sorda contratada para atender llamadas telefónicas… A cambio, un sueldo que, en muchos casos, no alcanzaba ni siquiera el salario minímo interprofesional (641,40 euros mensuales en 2011). Son la cara más amarga y grotesca de un nuevo episodio de supuesto fraude relacionado la contratación de discapacitados pagada con subvenciones de la Consejería de Empleo.

Según informa ABC, las empresas Centro de Trabajo Andalucía Centro SL y Editorial Andaluza de Prensa y Revistas SL percibían ayudas por la inserción laboral de este colectivo, pero antes de que concluyera el periodo de pruebas los despedía o los «repescaba» luego, mediante el trasvase de una a otra firma, solicitando nuevamente la subvención y sin abonar los salarios. Las irregularidades fueron denunciadas desde octubre de 2010 ante la Consejería (con escritos presentados en el registro de entrada), la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social por algunos de los más de 500 trabajadores que pasaron por los dos centros especiales de empleo para discapacitados radicados en Archidona (Málaga), el primero, y en Sevilla, el segundo, aunque con ramificaciones en todas las provincias andaluzas y vinculados entre sí. Ambos centros se dedicaban a la edición y reparto del semanario «7 Días Andalucía» en pequeños municipios y se financiaban con incentivos por la creación y el mantenimiento de empleo, la venta de periódicos e ingresos publicitarios.

Desde 2006 a 2010, Empleo inyectó fondos europeos por importe de unos 3 millones de euros a las citadas empresas vinculadas a Juan Jesús Cruz Sánchez y a su esposa, María de Gracia Ábalos Jiménez. Ambas sociedades gozan de una calificación especial de la Junta porque sus plantillas estaban formadas al menos por un 70 por ciento de personas con deficiencia psíquica o física. Esta acreditación le permitió acogerse a dos programas de fondos públicos: por un lado, un incentivo de 12.021 euros por cada contrato indefinido con una duración mínima de tres años —que incumplía de forma sistemática— y, por otro, ayudas al mantenimiento de empleo que cubren la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social.

A la situación dramática que relataron a ABC algunos de los discapacitados contratados por las citadas firmas, se suman unas condiciones laborales leoninas. Aquellos operarios dedicados al reparto en la calle de los seminarios cobraban en función de los ejemplares que vendían, a pesar de que las retribuciones de todos ellos estaban subvencionadas. Mediante este pago en especie, sólo quienes lograban «colocar» en el mercado 120 ejemplares (al precio de 1,5 euros cada uno) a la semana podría cobrar los 724 euros del SMI, pagas extra prorrateadas incluidas.

En la relación de contratos de las empresas denunciadas figura un joven en silla de ruedas de Córdoba. La paradoja era que pese a su nula movilidad en piernas y brazos su ocupación consistía en el reparto de prensa. Otro empleado contratado como comercial tenía que acudir dos veces por semana a Archidona, sede de una de las empresas, para recoger los paquetes con los ejemplares, cargarlos y distribuirlos en municipios de Cádiz, Sevilla y Huelva. «Me despidieron cuando estaba de baja médica», relata este extrabajador que «no puede levantar peso» por las lesiones que tiene en la espina dorsal. El despido lo sumió, además, en una depresión de la que no se ha recuperado.

En los contratos jamás se especificaba el motivo del contrato. Tampoco el del cese. Nunca abonaban los finiquitos y dejaron a deber varias nóminas, según explicó Pedro López, graduado social de la Asesoría Jurídica San Miguel, que lleva hasta 12 casos de distintas provincias en juzgados de lo Social. Varias demandas se han saldado ya con condenas por despido improcedente. Para colmo, pese al abundante maná de ayudas, los empresarios se han declarado insolventes, por lo que el Fogasa deberá costear los salarios impagados.

A raíz del goteo de escritos de denuncia de extrabajadores afectados, López fue recibido por funcionarios de la Consejería de Empleo en Sevilla, quienes le indicaron que iban a llevar el caso a la Fiscalía, extremo que fuentes de la Consejería no pudieron precisar ayer a este periódico.