Expansión.- La prohibición del préstamo con interés – común a las tradiciones judaica, islámica y cristiana- dio históricamente origen a diversas técnicas para sortearla. Entre ellas destacó la “doble venta” (denominada mohatra entre los judíos y barata entre musulmanes y cristianos): el usurero vendía a la persona necesitada, con pago aplazado, cierto objeto (paño, plata, etc.) y, acto seguido, a través de persona interpuesta, se ofrecía a recomprársela al contado, a un precio inferior al aplazado. La diferencia entre la suma recibida al contado y el precio que debía pagar en fecha futura equivalía al interés del préstamo. Por ello, la operación, aunque muy popular en España desde la alta Edad Media, fue condenada por rabinos, Papas y tratadistas.

Ese rigor canónico contra el préstamo a interés suscitaría más adelante graves problemas a los “inversores institucionales” de la época, entre los que descollaban las órdenes religiosas y, sobre todo, la Inquisición, cuyo ingreso más estable eran las rentas de los bienes confiscados a los conversos. La solución se encontró en el “censo consignativo”. El censo consignativo, aunque similar al préstamo hipotecario moderno, era objeto de “venta”: el censualista no otorgaba un préstamo, sino que compraba un derecho a percibir una renta del censatario. El censo resultaba admisible especialmente si era “perpetuo”, en vez de redimible (“al quitar”), pues no existía entonces una devolución del capital que hiciera visible su similitud con el préstamo.

Con ligeros cambios respecto a la “mohatra” (entre otros, la sustitución de la venta con pago aplazado por una venta a plazo), la “doble venta” o cesión temporal ha adquirido en tiempos modernos un gran desarrollo, para fines normalmente legítimos. Así, en el campo de las finanzas internacionales, el FMI optó desde Bretton Woods por configurar sus préstamos bajo la fórmula de “doble venta” de monedas (swap), de suerte que la devolución del préstamo por el país deudor toma la forma de “recompra” de la moneda nacional que entregó para “comprar” la divisa buena. El swap de divisas (distinto, por cierto, al llamado de igual forma en los mercados de capitales) es también utilizado entre Bancos Centrales para concederse crédito a corto plazo.

En el ámbito bursátil, la doble venta (denominada simplemente “doble” o, en terminología francesa, en atención a su función bursátil, “report”) fue ya admitida por el Reglamento de la Bolsa de Madrid de 1831 y, tras múltiples vicisitudes, regulada en el Reglamento de las Bolsas de Comercio de 1967, aunque nunca vería la luz, desplazada, primero, por las operaciones a crédito y, más tarde, por el mercado de futuros. En los mercados monetarios y de renta fija, la doble venta se conoce como “cesión temporal” o “repo” (abreviatura de la expresión inglesa repurchase agreement). Aunque las reglas del mercado español de Deuda distinguen entre los “repos” en sentido estricto (en los que la operación se registra como un todo en la Central de Anotaciones) y las “simultáneas” (en las que la operación al contado y la operación a plazo se registran por separado), ambas figuras tienen la misma finalidad.

La cesión temporal constituye una técnica muy versátil. Es utilizada por los Bancos Centrales, entre intermediarios financieros, y por las entidades de crédito con sus clientes. Permite al poseedor de un valor a largo plazo financiarse barato a corto plazo, sin tener que endeudarse (en el caso de inversores extranjeros en Deuda española, la técnica del “repo” les cubre, además, del riesgo de depreciación de la peseta). Permite al inversor a corto plazo (particulares o Fondos de Inversión) colocar sus capitales en activos seguros, pero sin asumir riesgo de tipo de interés: la contraparte garantiza de antemano el precio al que recomprará el activo. El único riesgo de tipo de interés es potencial, y sólo aflorará si la contraparte no puede cumplir su compromiso de recompra y, además, se ha producido entretanto una subida de tipos de interés que haya reducido el precio de mercado del activo. Aunque el “repo” se parece económicamente a un préstamo con garantía de valores y las normas contables exigen que se registre como si lo fuera, el titular del “repo” es jurídicamente propietario de los valores que le han sido cedidos temporalmente: en el caso de la Deuda pública es un acreedor del Tesoro, no de su contraparte.

Con frecuencia la cesión temporal se ha utilizado para eludir la retención del 25% aplicable al cupón de los bonos poseídos por españoles. La técnica (denominada “lavado de cupón” en los bonos y “lavado de dividendo” en las acciones) consiste en ceder temporalmente el activo a un no-residente, de forma que éste sea su titular el día del devengo del cupón o dividendo y quede exento de retención. Cuando en 1991 se introdujo tal exención para los inversores extranjeros en Deuda Pública, el legislador, previsor, pretendió limitar el “lavado de cupón” obligando, en los 30 días anteriores al pago del cupón, a practicar la retención sobre el cupón corrido. Como cabía esperar, la limitación ha tenido un efecto moderado, habiéndose ideado formas de sortearla sin vulnerar la Ley.

La intensificación del “lavado” ha perturbado en ocasiones el mercado monetario, al haber cedido las entidades de crédito españolas sus carteras de Deuda a no-residentes y carecer de “colateral” suficiente para obtener fondos del Banco de España. Por otro lado, la extensión del “lavado” a los dividendos de acciones y su presunto efecto sobre la recaudación por rentas de capital exacerbó el tono censorio con el que, durante la legislatura pasado, contemplaron el fenómeno las autoridades tributarias y la prensa española.

¿Estará pensando, pues, el legislador en nuevas medidas para dificultar tales cesiones? Parece improbable al menos por dos motivos.

En primer lugar, la “cesión temporal” es una técnica tan arraigada en la idiosincrasia española ¡que se ha transplantado al ámbito parlamentario! En efecto, en las dos últimas legislaturas, la “cesión temporal” de un diputado el día de constitución de los grupos parlamentarios permitió a Coalición Canaria formar grupo propio con sus 4 diputados, a pesar de que el artículo 23 del Reglamento del Congreso fija taxativamente en 5 el número mínimo de diputados de cada grupo. La cesión del escaño fue temporal, reintegrándose el diputado cedido a su grupo de origen. No se trataba, pues, de “transfuguismo”, sino de un genuino “repo” de escaño.

En segundo lugar, en virtud de una enmienda de CiU de última hora, la reciente Ley del Impuesto de Sociedades ha hecho extensiva a las entidades públicas españolas la exención de la retención del 25% de la que hasta ahora sólo gozaban los extranjeros, aumentando así el universo de posibles “lavadores de cupón”.

En suma, la cesión temporal de activos es un fenómeno proteico, de larga solera en España y esquivo a limitaciones. Por ello, salvo que la Unión Europea o, todavía mejor, la OCDE armonicen la fiscalidad de los valores negociables, las nuevas autoridades tributarias tendrán que admitir que las cesiones temporales limitan la eficacia recaudatoria de la retención del 25%: ésta surgió en otra época, en la que la Deuda pública ni se negociaba internacionalmente, ni era poseida principalmente por inversores institucionales (Fondos de Pensiones y Fondos de Inversiones) sujetos a escasa o nula tributación.

Y en tanto no se toman en cuenta legislativamente esas nuevas circunstancias ¿podemos esperar de nuestros inversores institucionales menor imaginación que la que exhibieron antaño el Santo Oficio y hogaño el Congreso?