La Liga Marroquí por la Ciudadanía y los Derechos Humanos (LMCDH) ha asegurado que en Marruecos se siguen produciendo detenciones políticas arbitrarias, malos tratos y atentados a la libertad de expresión y ha advertido contra los “privilegios jurídicos” de que disfrutan los altos responsables de seguridad y contra la ley antiterrorista “draconiana” que rige en el país. Asimismo, ha denunciado la falta de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la “explotación” sexual y laboral que sufren las mujeres y los niños.

En un informe difundido este miércoles, la ONG ha admitido algunos “puntos positivos”, como la aprobación de una nueva Constitución que “se basa en los principios universales de Derechos Humanos”, la adopción de una serie de medidas “positivas” sobre detenciones políticas o la creación de algunos organismos oficiales sobre la materia.

No obstante de estos avances, el documento –dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con vistas al Examen Periódico Universal relativo a Marruecos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, previsto para 2012– advierte de que la situación en el país “deja mucho que desear”.

Por ejemplo, la LCMDH asegura en su informe que las autoridades marroquíes siguen prohibiendo o restringiendo el registro de asociaciones y partidos políticos y que en el país “continúan las detenciones políticas, en ocasiones arbitrarias”, por “delitos de opinión y expresión”.

Entre los afectados por estas detenciones, aparte de los presos salafistas o los estudiantes universitarios, figuran los activistas del Movimiento 20 de Febrero, el grupo de protesta que surgió a través de Facebook para reclamar más democracia en las primeras fechas de la llamada ‘Primavera Árabe’ y cuyas movilizaciones fueron secundadas, entre otras organizaciones, por la propia LCMDH.

“LEY ANTITERRORISTA DRACONIANA”

Aparte, prosigue el informe, desde los atentados suicidas perpetrados en 2003 en Casablanca, en Marruecos rige “una ley antiterrorista draconiana que autoriza a la Policía marroquí a efectuar visitas domiciliarias, incluso nocturnas, así como escuchas telefónicas y controles de correos electrónicos”.

El documento denuncia también los procesos contra periodistas en aplicación “del código penal, en lugar del código de prensa”. A causa de ello, en el país hay “una decena de periodistas acosados, perseguidos, encarcelados en las prisiones del Reino”, como es el caso de Rachid Nini, “uno de los grandes periodistas marroquíes, detenido desde el 28 de abril de 2011” por denunciar casos de abuso de poder y de tortura por parte de altos responsables gubernamentales.

La Liga asegura también que, pese a que Marruecos es “el primer país del norte de África que ha definido la tortura como crimen específico en su código penal” y que Rabat ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, en el país se aprecia “un grave deterioro de la situación de los presos”, en especial en el caso de los salafistas.

“Los acosos, las amenazas de violación y la privación de ropa son algunas de las prácticas inhumanas en las prisiones de Marruecos, en especial en las de Salé y Meknés”, denuncia el informe. “Los activistas de Derechos Humanos tienen prohibido visitar los centros de detención y las prisiones”, añade.

Al respecto, el informe advierte de la necesidad de que se ponga fin a los “privilegios jurídicos” de que disfrutan, sobre todo, los altos responsables de la Seguridad Nacional y los jueces, que conceden “inmunidad jurídica” a las personas que violan los Derechos Humanos y que tienen, por ello, derecho a ser juzgadas por tribunales regidos por normas distintas a las del derecho común.

El informe advierte también de que, pese a que Marruecos ha establecido el “derecho a la vida” en su nueva Constitución, los tribunales del país siguen pronunciando penas de muerte, como es el caso de Adil Otmani, presunto autor del atentado del café Argana de Casablanca.

DERECHOS SOCIALES, MUJERES Y NIÑOS

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, el informe advierte también de que el desarrollo humano “deja mucho que desear” en Marruecos. Según la Liga, la tasa de desempleo entre los estudiantes licenciados es “alarmante” y las autoridades “reprimen severamente todas las manifestaciones pacíficas” organizadas por los licenciados universitarios en paro ante la sede del Parlamento, “todo ello sin olvidar los casos de despido por motivos sindicales y políticos”.

Aparte, el país no garantiza todavía la enseñanza gratuita y de calidad, lo cual es especialmente grave en las zonas rurales o en los casos de discapacitados, y la nueva Constitución “no incluye el derecho a la sanidad de manera explícita” y los ciudadanos son víctimas tanto de la “mala gestión” de la sanidad como de la falta de medicamentos y de personal y equipos médicos. Esta situación, al igual que en la enseñanza, es especialmente grave en las zonas rurales y en el caso de las mujeres embarazadas.

El informe de la LMCDH denuncia también que en Marruecos no se aplica de forma efectiva la “plena igualdad entre hombres y mujeres, en especial en lo referente a los derechos económicos y sociales”, como la percepción de salarios o la presencia en puestos de responsabilidad. Asimismo, advierte contra “la explotación de las mujeres”, en particular en las zonas rurales, en las fábricas, en los hogares en que trabajan como criadas y en los casos de prostitución organizada o de inmigración clandestina para la prostitución en los países del Golfo Pérsico.

El documento advierte también del abuso sexual y del turismo sexual que sufren muchos menores de edad en el país, de la mala situación de los niños de la calle, de la falta de protección y los malos tratos que padecen los menores de edad procedentes de otras zonas de África y de “la explotación de miles de niños en trabajos reservados a adultos”.