E.M.- La Junta de Andalucía acabó prejubilando a los mineros que hace ocho años denunciaron por escrito ante Manuel Chaves la existencia de fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público.

El 7 de enero de 2004, ocho días después de haber recibido la queja de los mineros por fax, el entonces presidente de la Junta trasladó el escrito a su consejero de Empleo, José Antonio Viera, «a los efectos oportunos».

Pero Chaves no le planteó a Viera el asunto como una denuncia de irregularidades y fraude en los ERE, sino como «discriminación». Y ello a pesar de que los mineros de la Faja Pirítica informaban de la existencia de intrusos cobrando prejubilaciones pagadas por la Junta, en concreto, personas «que no han visto la mina ni por dentro ni por fuera», o los casos de otros mineros que en 1997 y 1998 habían cobrado ayudas públicas para su recolocación y que, según los acuerdos firmados por la Junta, no podían prejubilarse.

El consejero de Empleo recibió el escrito de Chaves el 12 de enero y 10 días después, el día 22, lo remitió al delegado provincial de Empleo en la provincia de Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, «a los efectos oportunos». Le explicaba que procedía de la «jefa de la Oficina del presidente» y que se trataba de una denuncia no de irregularidades, sino de la «discriminación» sufrida por siete mineros.

El 2 de febrero de 2004, el delegado de Empleo en Huelva devolvió el escrito a la Consejería de Empleo en Sevilla, en concreto al director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, en el centro de la investigación judicial por uso irregular de 700 millones de euros del fondo de reptiles en la última década.

En ese documento citado por El Mundo, hay una anotación en un post-it que debió de ser colocado una vez se recibió el escrito en la sede de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. La nota adhesiva dice: «Hablar con Manuel Alfonso [delegado de Empleo en Huelva]. Los ha recibido el delegado y negó el tema de prejubilaciones».

Manuel Alfonso Jiménez cesó como delegado de Empleo ese mismo día, ya que se incorporó como candidato en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas que se celebrarían 37 días después, el 11 de marzo de 2004.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Jiménez mantuvo una reunión con los mineros en el verano de 2003, meses antes de que se dirigieran a Manuel Chaves por fax. En aquella reunión, el delegado de Empleo en Huelva conoció las irregularidades, pero «se cerró a todo» y negó a los mineros que tuvieran derecho a prejubilarse.

Pero la postura de la Consejería de Empleo cambió después de que los mineros se dirigieran a Chaves y éste cursara su escrito «denunciando discriminación». El firmante de la carta y al menos otros cuatro mineros del colectivo al que representaba aparecen prejubilados en una de las pólizas de rentas que paga la Junta de Andalucía, según ha podido comprobar en la documentación a la que ha tenido acceso.

Como adelantó ayer este periódico, Manuel Chaves conoce la existencia de intrusos en los ERE pagados por la Junta de Andalucía desde hace al menos ocho años, cuando recibió la carta de estos mineros y ordenó que se tomaran las medidas oportunas. Esas medidas resultaron ser, finalmente, la prejubilación de los denunciantes del fraude, a pesar de que meses antes la propia Consejería de Empleo les había negado que tuvieran derecho a ello en una reunión con el delegado provincial en la provincia de Huelva.

En el escrito enviado a Chaves, los mineros se presentaban como «socialistas y ugetistas» y aclaraban que, con sus denuncias de irregularidades, no querían «dañar a nadie, sólo queremos nuestros derechos igual que los demás».

Como muestra del descontrol existente en la selección de los beneficiarios de prejubilaciones, los mineros aseguran que quien no ha querido incluirlos en esos listados no ha sido la Administración, sino un dirigente de la UGT.