Artur Mas junto al arzobispo de Barcelona, también vinculado al negocio abortista en Cataluña.

El ejecutivo catalán, gobernado por CiU, invertirá en los próximos cuatro años algo más de 7 millones de euros para que las mujeres de origen extranjero que viven en esa comunidad autónoma puedan abortar de forma gratuita. La propia Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña informa que el 47 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en Cataluña en 2010 fueron a mujeres de otros países.

Según consta en el anuncio oficial, el precio del contrato suscrito por la Generalitat con varias clínicas abortistas de Cataluña supone un importe anual de 3.562.008,10 euros, lo que se traduce, en cuatro años, en 14.248.032,40 euros. La mitad de ese presupuesto, por tanto, tendrá como beneficiarias a abortistas extranjeras. 

Esta partida presupuestaria es asignada en plena polémica por los recortes aplicados por el gobierno de Artur Mas en la sanidad pública, que han dado lugar a numerosas movilizaciones del sector.

La Clínica d’Ara Agrupación Tutor Médica prevé realizar 920 abortos mensuales, mientras que el Centro Casanovas de Planificación Familiar, calcula que serán unos 148. El cómputo total sumaría 13.000 interrupciones al año. En 2009, el número de IVE en Cataluña ascendió a 26.000, lo que supuso un descenso del 3,3% respecto al año anterior. Según las tarifas establecidas, los abortos entre 20 y 22 semanas con anestesia general o sedación se cobran a 1.300 euros, y los practicados entre 16 y 19 semanas, 715 euros. La Generalitat se adapta así al cambio en la legislación aprobada por el Gobierno español en 2010, que contempla el aborto libre hasta la semana 14, y que da prioridad al aborto farmacológico durante las primeras siete semanas del embarazo. Diez ambulatorios y hospitales están autorizados en Cataluña para la dispensación de la píldora RU-486, si bien Salud trabaja en la acreditación de otra decena de centros.

La evolución de las cifras hasta ahora conocidas muestran una nueva dimensión, hasta el punto de que en el último año los incrementos tanto en el número de interrupciones voluntarias del embarazo como incluso en la llegada de mujeres con residencia en el extranjero para abortar en Cataluña se han incrementado alrededor de un 20 por ciento.

Con respecto a los últimos años, no varía la nacionalidad de las mujeres inmigrantes que abortan: en siete de cada diez casos son sudamericanas, destacando asimismo las mujeres que proceden de Rumanía y la Europa del este. 

No adelantarán el dinero

Las mujeres que acuden a los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, una vez informadas de las alternativas, serán redirigidas a los ambulatorios que dispensan fármacos abortivos, a las dos clínicas ahora acreditadas o bien, si el embarazo presenta complicaciones, hacia alguno de los hospitales de referencia. El modelo estará en marcha en tres semanas, lo que evitará que las mujeres que deciden abortar tengan que avanzar el dinero para luego solicitar el reembolso, como han hecho 6.800 mujeres durante el último año.

«Casi a nadie le preocupa quedarse embarazada»

La concejala de Salt adscrita al grupo mixto, Joana Martínez, lleva meses promoviendo una campaña contra la bacanal abortistas que vive Cataluña, aunque ella misma admite que sin demasiado éxito. «Tenemos unas leyes que dan pena. La Generalitat está pagando abortos en 2 clinicas de aquí, en Girona, donde se trabaja noche y día. Las mujeres, muchas de ellas extranjeras, han tomado tanto el aborto como la pildora del día después como método anticonceptivos. Por todo ello, sabiendo que tanto la pildora como el aborto les sale gratis, ya casi a nadie le preocupa quedarse embarazada».

La edil saltenca lamenta que ese gasto millonario contraste  con los recortes en el sistema sanitario básico y acusa de opacidad en ese asunto a las autoridades catalanes. «Estoy atada de pies y manos sin poder hacer nada. Cuando les he pedido la información que necesitaba para presentar una moción requiriendo al Ayuntamiento de Salt que solicite el cambio de la ley, literalmente me han mandado a pasear. Es necesario parar todo esto», dijo.