P. Cristaldo Ayala.- Si los latinoamericanos abandonaran sus malas políticas, fortalecieran sus instituciones y estado de derecho y liberalizaran sus economías, muy pronto alcanzarían las tasas de crecimiento que hoy tiene el sudeste asiático y podrían ingresar al mundo de los países ricos y disfrutar del bienestar de europeos y norteamericanos en 30 años o menos. En comparación, el desarrollo le tomó a Europa y Estados Unidos más de un siglo.

Algunos males que aquejan a la humanidad todavía no tienen cura. Pero otros males milenarios, como la pobreza y el atraso, por fortuna lo tienen, aunque el tratamiento sea prolongado y difícil. No obstante, en la actualidad, si un país pobre no está progresando es porque sus intelectuales, políticos y gobernantes se empeñan en repetir las mismas políticas estatistas que los hundieron en la miseria.

El remedio de la pobreza tiene poco que ver con las ideologías. Gobiernos de izquierda, centro y derecha han conseguido llevar la prosperidad a sus pueblos. Tampoco tienen importancia los recursos naturales, la raza, la cultura, la religión.

El “secreto” para provocar un crecimiento acelerado es bastante sencillo, bien conocido por los economistas y ha sido probado con éxito repetidas veces en las últimas décadas. Solo requiere que los países tengan reglas liberales claras, justas y estables y que sean legitimadas por los sucesivos gobiernos mediante el consenso político. Así, Chile, de continuar con estas políticas y la defensa de la libertad económica, será un país desarrollado en poco más de 10 años.

¿Qué ha impedido a los países pobres adoptar las instituciones que requiere el progreso? ¿Por qué los pueblos deben esperar siglos para salir del atraso? Por increíble que parezca, los obstáculos más fuertes al progreso son los grupos de presión y sectores privilegiados, incluyendo a empresarios, políticos, sindicalistas, funcionarios públicos y agricultores. El rumbo suicida del estatismo latinoamericano no lo determina el interés general sino los intereses creados de los grupos de presión. Estos presionan al gobierno y consiguen privilegios y subsidios a expensas del resto de la población.

Paradójicamente, los peores enemigos de la economía de mercado suelen ser grandes empresarios, que destruyen la competencia y el libre comercio con proteccionismos, subsidios, favoritismos, franquicias y mercados cautivos. A su vez, los políticos y funcionarios públicos impiden las reformas y privatizaciones, dificultando la modernización del estado y la creación del marco institucional apropiado; los sindicalistas monopolizan el factor trabajo con legislaciones laborales populistas que impiden que la gente logre emplearse y los campesinos y otros grupos, como los “sin tierra”, reclaman subsidios, expropiaciones y ayuda social a costa del resto.

¿Quién habla por los ciudadanos comunes? Nadie. En las seudo democracias latinoamericanas, los políticos y legisladores pervierten la ley, vulneran los derechos de propiedad, crean privilegios y monopolios, agrandan el estado con su clientela política, endeudan al país, roban y despilfarran los fondos públicos y arrastran a sus países al déficit y la inflación, con el único fin de obtener votos y ser reelegidos.

Los países, para avanzar al desarrollo y sacar a sus pueblos del infortunio con celeridad, deben establecer un mercado con mínimas regulaciones y barreras al comercio, bajos impuestos y un atractivo ambiente para los negocios e inversiones. Pero eso no basta. Antes deben desterrar los viejos privilegios y la corrupción, garantizar los derechos individuales y la propiedad, construir sólidas instituciones e instaurar el gobierno limitado.