La Sección Sindical de Madrid del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), el principal sindicato del sector, ha criticado las últimas concentraciones organizadas en contra de la actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés porque considera que amparan los delitos. Los municipales alegan en un comunicado que las dos detenciones que grupos de vecinos trataron de impedir enfrentándose a los agentes eran perfectamente legales, ya que uno de ellos quería colarse en el metro y no tenía papeles y el otro está acusado de tráfico de drogas.

El sindicato ha criticado los dos incidentes registrados en apenas una semana en el barrio más multicultural de Madrid. El primero fue el 5 de julio, cuando centenares de personas, entre vecinos y miembros del15-M, se manifestaron contra la detención de Aboulay Seyk, un vendedor ambulante de nacionalidad senegalesa que según los empleados del Metro se había colado en el suburbano. Sin embargo, los vecinos aseguraban que trataban de arrestarlo por ser un inmigrante sin papeles. Los vecinos del barrio denuncian que las redadas contra inmigrantes sin papeles y motivadas por el aspecto físico son habituales en la zona. En todo caso, Seyk no los tiene.

Acusaciones de racismo

El día 12, más de lo mismo. Unos 200 vecinos se concentraron en una protesta improvisada contra la Policía Municipal. El conflicto comenzó a última hora de la tarde cuando agentes municipales detuvieron a un habitual del barrio en la calle Olivar por un presunto delito de tráfico de drogas. Un testigo de aspecto subsahariano, Matar, contó que los incidentes comenzaron minutos antes de las diez de la noche, cuando los policías intentaron sacar de la plaza a un grupo de unos 15 africanos, en un principio para pedir sus tarjetas de residencia.

Según este joven, los agentes detuvieron a uno de ellos, por lo que otro decidió enviar un mensaje de texto a un amigo para solicitar la colaboración vecinal y evitar la detención. Fuentes de la Policía Municipal, en cambio, aseguran que llevaban dos días siguiendo a un hombre, un senegalés de 26 años, que está acusado de un delito contra la salud pública por la venta de droga al por menor. Los agentes se encontraban efectuando la detención cuando fueron rodeados por un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos, que les increparon para que se marcharan. “Fuera del barrio, fuera del barrio”, les gritaban. Ante la nueva protesta, los agentes llamaron a las Unidades Centrales de Seguridad -una suerte de antidisturbios de la Policía Municipal- a los que los vecinos rodearon e increparon al grito de “racistas”.

Algunos de los que protestaban llegaron a lanzar objetos contra vehículos y efectivos policiales, lo que provocó que los policías amagaran con cargar en dos ocasiones. Mientras, una joven pedía a los ciudadanos que se abstuvieran de tirarles nada, para evitar mayores incidentes. Tras vivirse algunos momentos de tensión, los agentes se retiraron entre los aplausos de los presentes, muchos de los cuales grabaron imágenes con sus teléfonos móviles.

Temor al efecto contagio

A juicio del CPPM, “no se puede consentir que presuntos delincuentes queden amparados bajo el paraguas de determinados movimientos”. En la nota, expresa su preocupación por el surgimiento de reivindicaciones que “nada tienen que ver con problemas sociales y sí con delitos que no pueden dejarse impunes”. También se ha defendido de la principal queja de estos vecinos, que acusan de “racista” a la policía. “Los policías no entendemos de lugar de nacimiento, defendemos la legalidad en contra de quien la infringe”, subraya la nota.

La sección sindical de la Policía ha destacado el continuo trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para “mejorar considerablemente” la seguridad ciudadana en la zona y ha recordado que la mayoría de los vecinos aplaude las intervenciones policiales que tienen como objetivo “velar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos”. Una de las inquietudes del CPPM es que en un futuro inminente este tipo de protestas se reproduzcan en otros lugares, por lo que han hecho un “llamamiento a la calma a este tipo de movimientos ante las garantías jurídicas que tienen todos los ciudadanos en España”.