El preso mexicano Humberto Leal, de 31 años, fue ejecutado el jueves en Texas (de madrugada en España) después de que el Tribunal Supremo de EEUU se negase, por cinco votos a cuatro, a aplazar su ejecución. El silencio del gobernador del estado, Rick Perry, que podía haber concedido una suspensión de 30 días pese a la sentencia del alto tribunal, allamó el terreno para una ejecución que la Administración de Barack Obama intentó impedir sin éxito. La ejecución ha causado gran malestar en México, que la ha condenado «en los términos más enérgicos».

Leal, originario de Monterrey pero afincado en EEUU desde niño, había sido condenado a la pena capital en 1994 por la violación y asesinato de la joven de 16 años Adria Sauceda. El recluso fue declarado muerto a las 6.21 horas (1.21 horas de este viernes en España) en la prisión de Huntsville, la más antigua de Texas y donde el estado lleva a cabo las ejecuciones. Su muerte tuvo lugar diez minutos después de que comenzase a fluir la inyección letal.

«Pido perdón»

Las últimas palabras del preso fueron para pedir perdón a la familia de Sauceda. «Lamento todo lo que he hecho, todo el daño que he ocasionado a mucha gente». «Por años no pensé que merecía ningún tipo de perdón. Me responsabilizo totalmente por esto», añadió. «Por favor perdónenme. Siento lo que hice, pido su perdón», suplicó a los familiares de la víctima. Tras gritar dos veces «Viva México», dijo a los guardias estar «listo» y los invitó a hacer «que el espectáculo continúe».

Antes de la ejecución, Leal recibió la visita de sus amigos y de sus cuatro hermanos, que estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados, que separan a los reos de los visitantes. Para su última cena, eligió tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca cola.

Polémica jurídica

Sandra Babcock, la abogada que encabezaba la defensa de Leal, ha asegurado que «EEUU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley» y ha denunciado que el preso fue ejecutado «a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados». La Casa Blanca había intercedido precisamente para que Leal se pudiera acoger a la defensa legal que le podía proporcionar México, país del que todavía poseía la nacionalidad. Según Babcock, si hubiera tenido esa asistencia, el ejecutado «habría tenido una oportunidad real de probar que no era culpable de asesinato».

Por su parte, México ha calificado la ejecución de un «claro desacato al fallo del Tribunal Internacional de Justicia» que en el 2004, en el llamado fallo Avena, ordenó la revisión y consideración judicial del veredicto y la pena impuesta. El artículo 36 de la Convención de Viena obliga a notificar a los extranjeros detenidos su derecho a recibir asistencia consular. Las autoridades de Tejas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ningún tribunal internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de EEUU y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

El Gobierno de México y los abogados de Leal presentaron el pasado 28 de junio un recurso amicus curiae con el argumento de que no se debe permitir al estado de Texas pasar por encima de los derechos constitucionales del recluso.