Comisaría de la Ertzaintza en Vitoria.

E.C.- La decisión del Departamento de Interior de privatizar la seguridad de las comisarías está levantando ampollas en la Ertzaintza. El sindicato mayoritario de la Policía vasca, Erne, ha hecho público un comunicado en el que denuncia este plan y asegura que, además de debilitar la protección, supone una imposición de la consejería, por lo que pide a los partidos políticos que muestren su rechazo a esta norma.

La seguridad de las comisarías a través de compañías privadas es un plan de largo alcance de Interior. Por una parte, según sus mandos, permite retirar a agentes de labores como la protección de centros policiales y ponerlos a patrullar en las calles, en un momento en el que desde distintas instancias internas se reclama un aumento de la plantilla. Pero por otro lado, tiene otro objetivo más complejo: dar una salida laboral a los escoltas que quedarán en paro con la reducción de servicios que tanto el Ministerio como la consejería de Interior han aprobado en los últimos meses.

Según cálculos de las centrales sindicales que atienden a los trabajadores de la seguridad privada, alrededor de 200 profesionales podrían quedar en el paro en los próximos meses cuando se pongan en marcha medidas como la eliminación de escoltas para exconcejales o que los nuevos cargos pasen de tener dos guardaespaldas a sólo uno. Ante el problema que supone un recorte tan importante, Interior barajó la posibilidad de que los profesionales afectados por la decisión se pudieran reconvertir en vigilantes y trabajar en la protección de las comisarías. La medida tiene precedentes. Tanto edificios oficiales del Gobierno vasco -entre ellos las oficinas de Lakua- como recintos policiales -la Academia de Arkaute, por ejemplo- ya cuentan con empresas privadas de seguridad que asumen las labores de custodia.

Sabotaje a la negociación

Para el sindicato Erne, no obstante, el proyecto tiene un coste interno importante dentro de la Ertzaintza, ya que muchos puestos de vigilancia «están ocupados por agentes en procesos de recuperación de lesiones o enfermedades -muchos de ellos con informe de los médicos del Departamento de Interior- y otros con problemas físicos que no suponen la incapacidad pero que sí les desaconsejan tareas como el patrullaje». La central mayoritaria lamenta, en este sentido, que la consejería no haya avisado a los sindicatos de que existía este plan «en lo que supone un intento de sabotear cualquier negociación».

La central agrega que, en un momento en el que no ha desaparecido de forma definitiva la amenaza terrorista, «es irresponsable y preocupante que una parte importante de la seguridad de los ertzainas no dependa» de los propios policías autónomos.