Los compromisos del ministro de Industria, Miguel Sebastián, se los ha llevado el viento. La comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, que preside la vicepresidenta Elena Salgado, decidió que el recibo de la luz vuelva a subir el 1,5% como media para los 17 millones de usuarios domésticos que siguen bajo el sistema de tarifa y no disfrutan del bono social.

Los cálculos de Industria cifran el aumento medio en torno a los 50 céntimos al mes, incremento que se aplica después de la extraordinaria subida del 9,8% registrada el pasado enero -casi cuatro euros de alza media por recibo-, la misma que llevó a Sebastián a afirmar que el esfuerzo ya realizado por los consumidores era tan importante que solo en caso de una «muy, muy, muy desfavorable» evolución del precio mayorista de la electricidad habría cambios a mediados de año.

No parece una justificación válida, porque en la subasta Cesur llevada a cabo el pasado martes los precios registraron un incremento del 2,7%. La evolución de la tarifa eléctrica la determinan, al 50%, esos precios mayoristas, que se mueven según el mercado, y los llamados ‘peajes’, que constituyen la parte regulada y que el Gobierno maneja a discreción. Para que el recibo de la luz permaneciera congelado, esos peajes tendrían que bajar el 1,3%.

Pero la parte regulada de la tarifa, además de pagar el transporte y la distribución, más las primas a las renovables, tiene que servir para cubrir el abultado déficit acumulado durante los años en que las empresas de generación vieron reconocidos unos costes que los ingresos autorizados no compensaban. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), tras estimar que ese déficit de tarifa supera ya los 22.850 millones de euros, aconsejó no rebajar los peajes para compensar el alza de la energía y subir la tarifa en la proporción correspondiente.

La recomendación ha surtido efecto. Sebastián queda otra vez en evidencia, después de ver derrotada en el Consejo de Ministros su tesis de mantener el tope de velocidad en carretera en 110 km/h, en este caso por motivos de ahorro energético. En detalle, los más perjudicados por el alza de la tarifa eléctrica son los clientes que tienen un contrato con discriminación horaria, que van a soportar una subida del 3,38%, frente al 1,37% del resto. Justifica esta diferencia el comportamiento de los precios en los momentos valle -los de menor consumo- y los punta -cuando la demanda se dispara- dentro del mercado. La Confederación de Consumidores y Usuarios recuerda, finalmente, que las compañías están obligadas a realizar lecturas reales de los contadores como mínimo cada dos meses.

Más aumentos

La luz no es la única subida hoy. El precio del gas natural se encarece para los tres millones de consumidores se mantienen en el sistema de tarifa otro 5,69%, que se suma al incremento registrado el pasado abril. Principal causa de estos continuados repuntes es la evolución de la materia prima, porque el gas natural toma como referencia la cotización del petróleo en los mercados internacionales, aunque tengan poco que ver. Los costes regulados o peajes se mantienen congelados.

Industria calcula que el nuevo repunte del gas natural puede suponer un aumento medio de 2,37 euros al mes, si bien precisa que pagarán más los hogares en los que se utiliza como sistema de calefacción. Su tarifa, denominada T2, experimentará un alza del 5,95% -unos 2,78 euros al mes-, que sucede al alza del 4,1% de primavera. La T1, aplicada a clientes que hacen un uso menor de este combustible (cocina, agua caliente), experimenta ahora un aumento del 4,61%.

La batería de subidas se completa con el encarecimiento de la bombona de butano de 12,5 kilos, que pasa a tener un precio de 14,8 euros, un 5,7% más. Con relación al mes de enero, ya acumula un encarecimiento que supera el 12%. Las compañías suministradoras aplican siempre el precio máximo, y denuncian que se trata del único hidrocarburo sometido a una estricta regulación, porque no refleja la variación de los costes. Consideran, en definitiva, que se rige por un precio ‘político’.