El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, posa con la ministra socialista de Cultura, Ángeles González Sinde, y con su antecesor en el cargo Odón Elorza.

El bufete de abogados Mariano Aguayo, con sede en Córdoba, ha presentado ante el Ministerio de Cultura un recurso de reposición a la decisión del comité de selección de elegir a San Sebastián como capital cultural de Europa en 2016 y pide la suspensión del proceso. El recurso, que se presentó anoche, se fundamenta en que el presidente del comité de selección, Manfred Gaulhofer, alegó motivos ajenos a la convocatoria de la selección, “lo que es suficiente para invalidar el proceso”, según recoge el recurso.

En el escrito, los recurrentes sostienen que los motivos y criterios por los que se ha designado a San Sebastián son “ni más ni menos” que los expresados por el presidente del comité y hacen referencia a cuestiones políticas pero no culturales.

“Ni una palabra sobre cultura”

Así, en la exposición de Gaulhofer, que trataba de plasmar un breve resumen de los puntos fuertes de cada ciudad, “no se dijo ni una palabra sobre cultura”, dice el texto. Y adjunta la traducción de lo dicho por Gaulhofer: “Donosita-San Sebastián, ciudad claramente comprometida para superar su dolorosa historia de violencia. El jurado comprendió que hay una expectativa común en todas las capas de la sociedad y que el esfuerzo por lograr ser la capital europea de la cultura podría conseguir acaecer las actividades violentas en el País Vasco. La Delegación nunca olvidará la reunión con las personas implicadas y con el público en general en la Casa de la Paz y de los Derechos Humanos”.

Sin embargo, en la exposición del resto de ciudades se mencionaron exclusivamente aspectos estrictamente culturales, que es el motivo de la convocatoria y los requisitos que deben cumplirse, advierten los abogados en el recurso. De este modo, este bufete entiende que ha existido una “gravísima vulneración de la normativa”.

Para argumentar su recurso, los abogados aportan además las declaraciones realizadas por la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, y las del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch.

El bufete entiende que las infracciones de la normativa y de las bases de la convocatoria implican una vulneración del procedimiento legalmente establecido y debe concluirse que la elección de San Sebastián se ha realizado habiendo prescindido “total y absolutamente” del procedimiento y de las reglas, con la inevitable consecuencia de su nulidad absoluta.

Subsidiariamente -dice el recurso- si no se considerase que existe tal nulidad absoluta o radical, cuando menos se debería admitir que se ha producido una infracción del ordenamiento jurídico de manera insubsanable al haberse vulnerado los criterios de selección. Además, el bufete de abogados pide la “inmediata suspensión” de la ejecución de la actuación impugnada en tanto se resuelva el recurso.