Antonio Aranaz.- La nueva Ley de Igualdad de Trato prohíbe la financiación de la enseñanza diferenciada con el falso pretexto de que es discriminatoria. Y es un pretexto falso porque diversos Tratados Internacionales publicados oficialmente en España y la jurisprudencia del Tribunal Supremo dicen claramente que la enseñanza diferenciada no es discriminatoria. La nueva ley de Igualdad prohíbe su financiación basándose en una premisa falsa. Aquí se está utilizando la mentira y la insidia para provocar un daño injusto, para discriminar.

Una vez que queda clara la legalidad de la educación diferenciada como opción pedagógica, la exclusión del acceso a la financiación pública a los centros que la han elegido resulta claramente inconstitucional, por conculcar derechos fundamentales. Todas las familias que conozco y que eligen este modelo son educadas, respetuosas, alegres y muy normales. La intolerancia que les manifiestan determinados sectores ideológicos es llamativamente injusta, pues las etiquetas que les ponen para hostigarlas son radicalmente falsas. Estas familias sólo piden educadamente a nuestro Gobierno que tenga la amabilidad de dejar de perseguirlas y de calumniarlas.