No es infrecuente la presencia de imágenes religiosas, sobre todo marianas, entre los trabajadores autónomos del sector del taxi. Esta tradición se mantiene sobre todo en Andalucía, donde la imagen de alguna virgen local, así como la de San Cristóbal, patrón de los conductores, se han convertido en símbolos icónicos para esos trabajadores. Representantes del sector han denunciado que, con la ley de Libertad Religiosa, se verán obligados a llevar símbolos religiosos en sus turismos. Sostiene el Gobierno que, en aplicación del principio de laicidad, la tenencia de símbolos o ropa que manifiesten una pertenencia religiosa en los servicios públicos quedará prohibida.

Esta ley prohíbe llevar símbolos «ostensibles» (es decir, visibles y llevados con la intención de que sean vistos) de pertenencia a una religión. «En vez de prohibir cosas que no hacen daño a nadie deberían precuparse de esos españoles que asaltan los contenedores de basura en busca de comida», denuncia Álvaro, un taxista de Sevilla que exhibe sin complejos una imagen de la Virgen del Rocío en la guantera de su vehículo. Como él, sus compañeros no entienden una medida que pondría fin a una costumbre de muchos taxistas, por lo que exigen «una mayor flexibilidad al respecto».

«No hay ningún símbolo laico que me reconforte más que llevar una imagen de la Virgen del Carmen», indica Alberto Ibáñez, un empresario del sector en Córdoba. Recuerda emocionado un grave accidente sufrido a la entrada de Lucena y del que se salvó milagrosamente gracias a esa imagen. Al menos él lo siente así y no habría norma laicista que le haga pensar de otra manera. Otro compañero de la localidad cordobesa de Montilla recuerda que, en una ocasión, un temporero magrebí se quejó de la presencia de un pequeño crucifijo junto al volante y, por ese motivo, se negó a viajar a bordo del vehículo «blasfemo».

Algunos taxistas de izquierda, pocos, apoyan la prohibición, mientras que la mayoría ya han expresado su oposición a esta ley. Argumentan que la misma es incompatible con la Convención Europea sobre los Derechos Humanos Fundamentales. El Gobierno, por su parte, sostiene el principio de la laicidad cuando un valor fundamental del Estado, lo que implicaría limitar la libertad de expresión en servicios públicos. Considera que «la expresión de la religión de cada uno tiene que ser compatible con las reglas básicas que conciernen la naturaleza secular del Estado así como con los requerimientos de igualdad entre los sexos y la salvaguarda de los derechos de los menores» (sic).