Como si se hubiera forjado tras la lectura de «Luces de Bohemia», de Valle Inclán, la norma impulsada por el Ministerio de Leire Pajín es una sucesión de sinsentidos que puede llegar provocar situaciones de grave indefensión de los ciudadanos y situaciones disparatadas, señaló en su edición del jueves el rotativo La Razón. No es el único medio que ha sacado punta estos días a una ley que ha sido contestada desde todos los sectores de la opinión española. «El punto que define claramente el espíritu de la ley es el Artículo 4, en el que se prohíbe pensar en contra de la norma», tal y como defiende un informe de HazteOir sobre la nueva legislación.

A lo largo de 27 páginas, esta plataforma ciudadana lamenta la instauración de la presunción de culpabilidad, la recuperación del delito de opinión o la confiscación del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

El documento refleja el aumento de los motivos de discriminación, que pasan de los cinco de la Constitución (nacimiento, raza, sexo, religión y opinión) a nueve, con la incorporación de la identidad sexual, la lengua, la enfermedad, la discapacidad y cambia «raza» por «origen racial o étnico» y «edad» por «nacimiento». Así, elimina los derechos del no nacido y equipara al mismo nivel las creencias y la religión, lo que en opinión de HazteOir, «encubre la intromisión del Gobierno en la organización de la Iglesia católica».

La plataforma ciudadana denuncia la facultad que adquiere “el Estado para entrar en todos los ámbitos privados y en la organización de la convivencia en la sociedad civil». Denuncian que «quedan amenazados colegios, agrupaciones de toda clase, residencias de estudiantes, negocios de hostelería, inmobiliarias, órdenes religiosas, centros de estudio, seminarios, cofradías, clubes deportivos o sociedades recreativas que tienen un proceso de admisión y unos estatutos propios». Se pueden generar conflictos con mujeres que quieran entrar en cofradías de hombres, en colegios mayores femeninos en los que soliciten vivir los hombres o mujeres que reclamen su derecho a jugar en equipos masculinos de las ligas profesionales nacionales… o de nadadores que quieran entrar en el equipo de sincronizada. Es decir, que clubes como Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic de Bilbao o Valencia, entre otros muchos, estarían obligados a “no discriminar” a una mujer que deseara formar parte de sus primeras plantillas. Se trataría de una nueva modalidad de las ligas mixtas de fútbol, sin precedentes en el mundo y extrapolable a cualquier disciplina deportiva de ámbito profesional. Eso al menos establece la ley. En cualquier caso, resulta chocante imaginar a Leo Messi driblando a una oponente femenina. O a José Mourinho devanándose los sesos para darle un toque femenil a la delantera madridista.

Éstos son algunos de los ejemplos anecdóticos que HazteOir puso sobre la mesa. Sin embargo, el calado de la medida es mucho mayor. Nadie podrá alquilar o vender su piso a quien quiera porque le pueden denunciar, los taxistas se arriesgan a una sanción si discriminan en el acceso al vehículo, los empresarios quedan en manos de los sindicatos, que adquieren funciones policiales o que la opinión de un periodista de un medio no afín al Gobierno pueda suponer una sanción astronómica o el cierre mismo del periódico o de la televisión.

José Castro, responsable de Chequeescolar.org, ha elaborado un catálogo de derechos vulnerados: discrimina a los padres, al no poder elegir la educación de sus hijos; confisca derechos a los ciudadanos que eligen una educación diferenciada y a los colegios que optan por este tipo de doctrina, y persigue a una minoría. Finalmente, en un momento de crisis y en el que la lucha contra la violencia de género está muy necesitada de medios, la ley destina tiempo y dinero a una fiscalía que tutele la igualdad de trato y a la creación de asociaciones dedicadas a perseguir unos delitos que no están tipificados en la norma.

¿Igualdad en la empresa?

La iniciativa gubernamental puede obligar a incluir a mujeres por obligación en el Consejo de Administración. Además, se les atribuye responsabilidad penal por motivos de discriminación y se les deja en manos de los sindicatos, que deberán ejercer una labor de vigilancia.