La CEOE y la Cepyme han presentado un informe sobre el proyecto de Ley de Igualdad de Trato en el que concluyen que sus previsiones “atentarán contra la libertad de empresa”, al contemplar que “con independencia de la titularidad de los centros educativos” habrá que garantizar en ellos la ausencia de discriminación.

El informe fue remitido al Consejo de Estado durante el periodo de alegaciones abierto sobre el anteproyecto de la ley, que fue finalmente aprobado por el Gobierno el pasado 27 de mayo y remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria respetando este aspecto que critican las empresas.

En su análisis, CEOE y Cepyme se refieren al artículo 16.2 relativo a la discriminación en la educación y según el cual, se retirarán los conciertos a los centros de escolarización diferenciada, algo que a juicio de las empresas, significa que el legislador “desconoce la doctrina jurisprudencial” sobre este asunto y “pretende superar la Ley Orgánica de Educación”, que no restringe las subvenciones a estos colegios.

“Entendemos que además de atentar contra un derecho consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la libertad de empresa, con esta disposición se pretende extinguir modelos educativos legítimos, además de carecer de fundamentos pedagógicos, pues la educación diferenciada es un modelo educativo que no supone discriminación, no pretende separar al alumnado ni discriminar a un sexo determinado”, explica.

Otro de los aspectos que las empresas critican del proyecto normativo es la atribución de responsabilidad patrimonial que establece el artículo 25.1, porque entiende que “acreditada la se presumirá la existencia de daño moral”, lo que a juicio de CEOE y CEPYME “supone un ejemplo de posible indefensión”.

En esta línea, critica que según el mismo precepto, vayan a ser “igualmente responsables del daño causado las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios cuando la discriminación, incluido el acoso, se produzca en su ámbito de organización o dirección” y no hayan adoptado medidas preventivas.

“Es fundamental para que el empleador o prestador de los bienes y servicios sea responsable del daño causado, que conozca la situación de discriminación y no haga nada por evitarlo, pero según se desprende del texto, basta con que la discriminación se produzca en su ámbito de organización o dirección para ser responsable”, señalan estas entidades.

Asimismo, las organizaciones acusan “indeterminación”, “falta de concrección” e “inseguridad jurídica” en varios preceptos, consideran excesivas las cuantías de las sanciones previstas y cuestionan la necesidad de crear la Autoridad para la Igualdad de Trato, que, en todo caso, debería nombrar el Parlamento y no el Gobierno, según reseñan en el informe.