La jueza de Sevilla que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía ha dado un plazo de cinco días a la Consejería de Empleo para que remita copia compulsada de los expedientes «auténticos» relativos a los ERE y ayudas sociolaborales de 67 empresas que están siendo investigados.

En un auto de 13 páginas, del 17 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Mercedes Alaya critica que la documentación remitida -los expedientes relativos a estos 67 ERE y ayudas sociolaborales- por el departamento de Manuel Recio, «en las condiciones en las que ha sido enviada al Juzgado, resulta cuando menos inaudita, pues la misma, además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico».

Al hilo de ello, la instructora dice que tales «expedientes» son «un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la Administración», donde, según prosigue, «existe siempre un ‘iter’ en la tramitación de cualquier asunto, tanto más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias».

Por ello, y debido a que todo lo anterior «hace que el estudio de dicha documentación sea enormemente complejo», requiere «nuevamente» a la Consejería de Empleo para que, en cinco días, «remita copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados, o en otro caso manifieste al juzgado detalladamente las razones por las que las citadas actuaciones presentan el estado descrito».

No obstante lo anterior, «y como quiera que se continua con la investigación iniciada pese a las dificultades descritas», la jueza pone de manifiesto que, «de los expedientes ya examinados, resulta la necesidad de practicar» una serie de diligencias «a fin de comprobar definitivamente los hallazgos obtenidos», en primer lugar en relación a la empresa Samec (Manufactura del Corcho).

Así, requiere a la Policía Judicial para que confirme la inclusión como beneficiarios de una póliza suscrita con Apra Leven de Antonio Polonio Correa y del exsecretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla) y exconcejal en el Ayuntamiento camero José Antonio García Prieto, «los cuales no han trabajado nunca en dicha empresa, debiendo remitir los certificados individuales de adhesión». Así, insta a que «se compruebe si García Prieto es la misma persona que estaba incluida también en la póliza suscrita para la empresa Intersur y por la que cobraba 1.900 euros mensuales desde 2003».

Recurso

Por otra parte, la defensa del exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha recurrido, ante la jueza, la imputación de este exmiembro de la Ejecutiva provincial socialista en las diligencias correspondientes a la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos. La defensa de Rivas esgrime que las diligencias han revelado que la introducción de las falsas prejubilaciones está asociada a las pólizas de seguro de rentas de estos expedientes de regulación de empleo pero no a los procedimientos como tal. «No está acreditado que Rivas tenga nada que ver con todo esto», señala la representación de Rivas.