La Iglesia, una vez más, parece querer ignorar lo que ocurre cuando sociedades como la española son dominadas demográficamente por confesiones como la que hoy quema iglesias en Egipto. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado que prosiguen las redadas policiales de identificación de extranjeros, que se practican “día a día en las calles” de forma “masiva” y están “racialmente orientadas”, aunque el Ministerio del Interior asegure lo contrario. Esta vez es imperativo que demos la razón al Gobierno. Los representantes vacilantes de una cristiandad enferma nos exhortan a abrir las puertas de par en par al monstruo. Lo que dicta sin embargo el sentido común y el instinto de supervivencia es que la cerremos aprisa. No hay doctrina social de la Iglesia que pueda sobreponerse en importancia a la necesidad de mantener vivas nuestras raices culturales y humanísticas.

Mientras la Iglesia acalla las llamadas de su compasivo corazón, miles de familias cristianas españolas han huido ya desplazadas de barrios ocupados ilegalmente por inmigrantes mahometanos. Se está dando una interpretación equivocada de la caridad cristiana, que no será merecedora de tal nombre si no empieza por los cristianos mismos. No hablamos de personas necesitadas. Nos referimos a los ilegales que, en consorcio con empresarios sin escrúpulos, nos arrebatan nuestros empleos. Hablamos de esas operaciones de desmoralización nacional que pretenden que nos sintamos responsables hasta de haber nacido en el seno de sociedades civilizadas. Estas campañas, concebidas y escenificadas en nombre de las falsas teorías caritativas de los jesuitas, pretende que los ilegales hallen acomodo económico y laboral en nuestras sociedades, sin reparar en las consecuencias a medio y largo plazo. En América Latina, los jesuitas dieron legitimidad moral y sustento ideológico en los años 70 a falsas teologías liberalizadoras que hoy han germinado de la forma tan lamentable que puede verse en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Con sus experimentos morales, más falsos que el alma de Judas, pretenden que esta invasión silenciosa que sufre España sea solo el principio. Lo que venga después será algo irreversible. Por consiguiente, no puede ser cristiano dar amparo a quienes no repararán en medios para destruir la entera civilización que nos alumbra.

“Hostigamiento generalizado”

Según ha explicado en rueda de prensa el coordinador del Centro de Pueblos Unidos en el madrileño barrio de la Ventilla, Daniel Izuzquiza, estos controles de identidad en la vía pública suponen “un hostigamiento generalizado a la población extranjera” que se produce “en el límite de la legalidad”.

“Es evidente que se están dando controles masivos, racialmente orientados y los hay por mucho que el Ministerio del Interior diga lo contrario. Lo vemos cada día en nuestras calles”, ha señalado, para añadir después que “es el pan de cada día” y “se trata de una vergüenza”. En este sentido, ha indicado que de los 30 chicos que la organización apoya en pisos tutelados, cinco han sido detenidos para su identificación sólo este fin de semana.

El buenismo de los jesuitas

Por su parte, delegado de la Compañía de Jesús en España para las migraciones, Josep Buades, ha indicado que estas redadas también llegan a producirse en los centros de las ONG miembros de la red del SJM. “Yo mismo he tenido que decir a dos policías que eso no estaba bien”, ha señalado, para explicar que la organización se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno correspondiente para presentar una queja y ésta respondió “pidiendo excusas oficialmente”.

Sobre este asunto se ha pronunciado también la venezolana Zonia Mata, beneficiaria de los programas de la ONG Pueblos Unidos, quien ha explicado que “estar en España en situación irregular es realmente muy duro” y ha exigido que “el mismo seguimiento que hace la policía a las personas honradas con una orden de expulsión” se aplique a quienes han delinquido.

Esta práctica, junto al “oscurantismo” y “falta de transparencia” que a juicio de la organización, rodea los centros de internamiento de inmigrantes (CIE) a falta de un reglamento específico, “cristalizan fronteras” en la sociedad y ponen en riesgo la cohesión de los ciudadanos, además de “minar” la convivencia, tal y como recoge el documento del SJM ‘Superar Fronteras’ presentado este jueves.

“No sólo estamos preocupados porque algunas personas no puedan ejercer sus derechos, también nos preocupa que poniendo el acento en algunas cuestiones, toda la cohesión social puede resquebrajarse”, ha señalado Izuzquiza, para incidir en que la irregularidad sobrevenida, las dificultades en el acceso al padrón o a la renovación de autorizaciones, la falta de inversión en servicios públicos, las redadas y el internamiento contribuyen a levantar estas fronteras.