El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido hoy que la Ley de Partidos no permite impugnar una coalición electoral y ha recordado la necesidad de «explorar candidatura por candidatura» para «examinar» si hay personas que fueron «terroristas» o «formaron parte» de partidos ilegales.

Caamaño ha respondido así en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntado sobre si podría ser ilegalizado la coalición electoral denominada Bildu y a la petición que han realizado los ‘populares’ al Gobierno para que impugne la coalición. «La Ley de Partidos contempla la posibilidad de impugnar un partido y no una coalición de partidos donde solo cabe la Ley Electoral», ha recalcado el ministro de Justicia tras criticar la «confusión» que está creando el «coro deliberadamente desafinado» del PP que intenta hacer política «a costa» de la lucha antiterrorista.

Caamaño ha asegurado que el Gobierno está utilizando los «únicos cauces» que existen en el ordenamiento jurídico para comprobar la legalidad de Bildu por lo que, ha recordado, «nadie puede exigir» a un Ejecutivo que «incumpla» o «desconozca» lo que establece la ley. Así, el titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando «intensamente con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía General para que, una vez tengan los informes de la Policía y de la Guardia Civil, poner el conjunto de pruebas y de indicios en conocimiento de los órganos judiciales.

Por ello, ha apostillado Caamaño, las «pretensiones» que ha manifestado tanto el expresidente del Gobierno José María Aznar como «algunos dirigentes» del PP son «imposibles» con arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. «Los jueces no están para lo que quiere el PP sino para interpretar y aplicar las leyes», ha aseverado.

Dos posibilidades

Dicho esto, el ministro ha explicado que en el «juego de la impugnación» de las candidaturas hay dos posibilidades. En primer lugar, si existe documentación -que es lo que el Gobierno está «valorando» en estos momentos- hay que «intentar acreditar» que el nacimiento de estas candidaturas son «fruto» de un operativo dispuesto previamente y que tenía diversas fases, en cuyo caso, ha matizado, se podría «intentar demostrar» ante los jueces que se produce una sucesión temporal bajo distintas formas jurídicas de un mismo propósito.

Asimismo, otra de las vías, que es la que se utilizó en el caso de ANV, consiste en ir «candidatura por candidatura» para examinar si se produce «contaminación subjetiva, no objetiva», y si hay personas que fueron terroristas, que estuvieron implicados o que formaron parte de partidos ilegales.
«Una vez que existen elementos probatorios los estudiaremos, veremos cómo argumentar y fundamentar el derecho y si esos indicios son lo suficientemente consistentes los pondremos en conocimiento de los jueves a través de los cauces legalmente establecidos para que sean ellos quienes decidan si la Ley Electoral se cumple o no», ha concluido Caamaño.