Las Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet a Zohair Khadiri, condenado el pasado viernes a 10 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista por ayudar a huir a seis autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y que se encontraba en paradero desconocido desde entonces, informaron fuentes jurídicas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había dictado una orden de busca y captura en su contra después de que el condenado no fuera localizado el pasado jueves en su domicilio habitual. Khadiri cumplió tres años y medio de prisión provisional por esta causa y fue puesto en libertad el 2 de julio de 2010, en respuesta a una petición de la Fiscalía en este sentido cursada el 27 de abril de ese año. El tribunal que finalmente le ha condenado le impuso como medida cautelar, coincidiendo con su excarcelación, dos comparecencias semanales en dependencias judiciales. Además, le prohibió salir de España y procedió a la retirada de su pasaporte. Khadiri ha cumplido hasta el momento estas imposiciones, concretaron las mismas fuentes.

La Sección Cuarta dictó el pasado jueves -un día antes de la notificación de la sentencia- una orden de detención en su contra y traslado a la Audiencia Nacional. No obstante, cuando la policía judicial acudió a buscarle no consiguió localizarle. En su resolución el tribunal condenó, además de a Khadiri, a Djilali Boussiri (6 años de prisión por integración) e impuso una pena de dos años de prisión por un delito de tenencia de útiles para falsificar documentos para Nasreddine Ben Laidne y absuelve al cuarto de los acusados, al que la Fiscalía consideraba colaborador, Abdelkrim Lebchina.

Los magistrados de la Sección Cuarta consideran que tanto Khadiri como Boussiri estaban integrados en una red islamista cuyo objeto era ayudar a huir a los autores materiales de los atentados Mohamed Afalah y Daoud Ouhnane, que se habrían suicidado en Irak; Abdelilah Hriz, condenado a 20 años de cárcel en Marruecos por la matanza; Mohamed Belhadj, encarcelado en este país; y Said Berraj y Otman el Mouib, que se hallarían en paradero desconocido. “Compartían con ellos la difusión del Islam a través de medios violentos”, dice la resolución, que añade que ambos no sólo comulgaban ideológicamente con los autores de los atentados si no que “pasaron a la acción” contribuyendo de forma imprescindible a que otros miembros de su célula utilizaran medios violentos para imponer sus ideas radicales.

Para llevar a cabo su cometido, la red islamista a la que pertenecen los condenados contaba con un inmueble al que sus ocupantes denominaban ‘Al Kalaa’ (La Fortaleza) situado en la localidad barcelonesa de Santa Coloma del Gramanet donde “se albergaba y daba cobijo tanto a personas perseguidas por la justicia que habían decidido dar su vida en Iraq como a radicales islamistas dispuestos a hacer la yihad”.

Los seis autores del 11-M a los que se prestó apoyo logístico se refugiaron en esta vivienda antes de abandonar España con distintos destinos. La red se ocupaba también de proporcionarles documentación falsa y dinero para su sustento. La sentencia precisa que Khadiri era el encargado de remitir cantidades de dinero a las personas que ya habían logrado huir de España mientras que Boussiri mantuvo una prolongada relación de amistad con el suicida Daoud Ouhane y le informó del transcurso de la investigación sobre los atentados, además de proporcionarle ayuda económica.

Además destaca que los envíos económicos están considerados en el entorno islamista como “misiones de gran confianza” que, por tanto, “sólo pueden ser desempeñadas por quien pertenece a la propia organización”. La absolución del delito de pertenencia en el caso de Lebchina y Ben Laidne queda justificada por el tribunal en que, durante la vista oral, sólo han podido demostrarse encuentros casuales entre ambos y otros miembros de la red. Los magistrados concretan en cuanto a Ben Laidne que resulta “obvio” que se dedicaba a labores de falsificación a la vista de los útiles destinados a tal propósito y localizados en el registro de su casa.

Fuentes jurídicas han informado de que el tribunal ha decidido no hacer efectivo el ingreso en prisión de Boussiri hasta que esta sentencia adquiera firmeza. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.