Eguiguren, a la derecha, junto al proetarra Arnaldo Otegi.

Por separado y en secreto. El 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero, en un despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional los tres mediadores del Gobierno en las negociaciones con ETA en 2006 aseguraron al juez Pablo Ruz que su objetivo primordial era “engañar a ETA” y que aquellos encuentros estaban marcados por los “reproches e insultos”.

El ex fiscal general del Estado y ex ministro, Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, aseguraron ante el instructor que las garantías a los terroristas de que las fuerzas de seguridad iban a bajar el pistón y que el Gobierno prometiera que frenaría operaciones antiterroristas con la connivencia de la Fiscalía eran simples tretas para ganar tiempo, según consta en las declaraciones judiciales a las que ha tenido acceso este medio.

Eguiguren, que según explicó a Ruz se hacía llamar por el nombre clave de ‘Miguel’, durante su declaración muestra “sus prevenciones en cuanto a hacer públicas mis manifestaciones” porque, dice, “supondrían mi sentencia de muerte” por “violar los principios básicos de una negociación”. Aun así, desde el principio reconoce que en los encuentros tanto unos como otros “mentíamos de forma descarada” en un ambiente de crispación con “insultos y reproches”.

Acto seguido detalla a Ruz que las reuniones a las que él asistió tuvieron lugar en Ginebra y Zurich y que en algunas de estas conversaciones “no siempre había representantes del Gobierno”. A veces solo del PSOE. Dice que no recuerda la expresión de que la Guardia Civil solo sigue las órdenes del Duque de Ahumada de la que habla ETA, pero que le parece “imposible” que se usara.

Cuando Ruz y la Fiscalía le preguntan directamente por los compromisos de los que habla la banda en sus actas en el sentido de que el Gobierno “no tenia voluntad de detener”, el jefe de los socialistas vascos se muestra tajante ante el juez: “eso eran invenciones que se hacían en el marco de la negociación”.

La declaración de Moscoso ante el instructor de la Audiencia Nacional fue más corta. El exministro, que asegura que se hacía llamar ‘Antonio’ en sus encuentros con ETA, argumenta que su papel era poco relevante porque tenía órdenes del Ministerio del Interior de hacer reuniones “cortas” y “solo escuchar”. Reconoce ante el magistrado que estuvo presente en el encuentro del 22 de junio de 2006k en el que ETA reprochó al Gobierno las detenciones de la ‘operación Faisán’ contra el aparato de extorsión. Al otro lado de la mesa se sentaba José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, aunque en estos encuentros se hacía llamar ‘George’.

Durante los interrogatorios, Moscoso recurre en varias ocasiones al “no recuerdo”. Eso sí, asegura que en las reuniones solo había “notas”, no se “levantaban actas formales”. Y quien llevaba la voz cantante fue Josu Ternera. Habitualmente “se iba tratando lo que iba saliendo”, aunque ‘George’ “llevaba un índice al inicio de la reunión”. Moscoso aseguró a Ruz al final de su declaración que nunca habló con un responsable del Ministerio del Interior.

Gómez Benítez, por su parte, en su declaración ante el juez se centra en las exigencias de los terroristas. Asegura en la Audiencia Nacional que los representantes de ETA les presionaron poco antes del atentado con un listado con “nombres y apellidos” de 58 activistas que habían sido detenidos entre marzo y septiembre de aquel año. Según su versión, su mensaje a los terroristas siempre fue que “el proceso (de paz) debía seguir, aunque siguieran las detenciones”.

Como Eguiguren, el vocal del Poder Judicial asegura al juez que todos los encuentros con los terroristas eran una “juego de apariencias y mentiras”. Gómez, en varios momentos de la declaración y a pesar de la insistencia del juez, se niega a dar los nombres de los etarras que con él se sentaron a la mesa. “No quiero identificar a nadie porque no creo que (esos nombres) aporten nada a la causa”. Sólo “aumentaría el riesgo de muerte”, se justifica.

Según las partes que han tenido acceso a esa información después de que Ruz levantara el martes buena parte del secreto sobre la causa, Moscoso, Gómez Benítez y Eguiguren coincidieron en que las actas de ETA no responden a la realidad, que los terroristas redactaron esos documentos para justificar ante los suyos que era el Ejecutivo el que rompía las negociaciones y que llegaron a poner en boca de los mediadores afirmaciones que no hicieron para mostrar su fortaleza en las conversaciones.

Los interrogatorios de Ruz se centraron en dos reuniones, la del 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones de los supuestos recaudadores de la banda, y la del 27 de octubre del mismo año. En el primer encuentro, según los papeles de ETA, los enviados del Ejecutivo se excusaron por no haber podido “parar” la redada ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska.

La segunda reunión por la que fueron interrogados se produjo poco después de que el juez Baltasar Garzón judicializara la investigación por el chivatazo policial a ETA. Según las actas, uno de los enviados, supuestamente Gómez Benítez, afirmó: “en relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que os manifestamos en septiembre, os diré que por el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE”.

¿Un infiltrado?

Eguiguren introdujo ayer un nuevo matiz sobre el aplazamiento de la famosa operación del ‘bar Faisán’. El presidente de los socialistas vascos, en una entrevista en la Cadena Ser, insinuó que la redada no se pospuso por el soplo policial, sino porque entre el grupo de extorsionadores había un infiltrado policial. “La Policía detiene cuando le conviene detener y no cuando localiza a los terroristas. Todos sabemos, parece ser, que ahí había gente infiltrada”, explicó Eguiguren, quien aseguró que los propios terroristas creían que tenían un confidente policial en sus filas y que a ETA “le hubiera gustado que los hubieran detenido inmediatamente para saber quiénes eran y tirar de la cuerda”.

El presidente del PSE, en esa misma entrevista y en idéntica línea con lo que sostuvo ante el juez, afirmó que las actas de ETA están “revisadas”, “preparadas para convencer a su gente” y que ETA solo recogió lo que “le interesaba”. “No me reconozco en ellas y estuve en las reuniones. De lo que aparece ahí, y además fuera de contexto, hubo muy poquito”, apostilló

Eguiguren, que dijo no representar al Gobierno en esos contactos, negó que hubiera negociaciones con ETA tras el atentado de la T-4 en diciembre de 2006. “Con el atentado se les comunicó que acababa la historia, aunque todavía ni se había comenzado a negociar”, afirmó, antes de aclarar que acudieron al encuentro posterior al atentado a petición de determinados presidente europeos y del líder irlandés Gerry Adams, que “transmitieron que ETA tenía algo muy importante que decir”, aunque luego no “hubo nada especial. Fuimos a escuchar y nos fuimos. Después de la T-4 aseguró que no se negoció”.

Sin órdenes

El dirigente socialista negó tener capacidad para haber prometido a la banda que no habría detenciones. Unas órdenes que, en cualquier caso, todos los mandos policiales interrogados durante las últimas semanas negaron en sede judicial. En el sumario figuran las declaraciones del que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; el director de la Ertzaintza, los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario general Telesforo Rubio.

Según fuentes del proceso, todos negaron haber recibido presiones o instrucciones para aflojar en la lucha antiterrorista durante la pasada tregua. Es más, si acaso lo contrario, pues hubo que “extremar la alerta” porque la banda seguía robando armas y coches y continuaba recaudando el dinero del impuesto. El que con más vehemencia en los interrogatorios defendió que no hubo órdenes políticas fue Fernández-Chico.

En la parte recién desclasificada por Pablo Ruz también están las respuestas de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno a los requerimientos del juez para que entregaran los documentos del Ejecutivo sobre aquellos encuentros. La respuesta es coincidente: el Gobierno no levantó actas de las reuniones y por tanto no pueden ser remitidas a la Audiencia Nacional.