Ayuntamiento de Nuevo Batzan.

Las irregularidades detectadas en el cobro y aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles relacionadas con unos terrenos pertenecientes a la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, en la localidad madrileña de Nuevo Batzan, podría constituir un delito de prevaricación en opinión de Alternativa Española (AES), formación a la que pertenecen los dos ex ediles del PP que revelaron los hechos a AD.

La formación socialcristiana que lidera Rafael López-Diéguez cree también que los hechos denunciados supondrían graves pérdida económicas para el Ayuntamiento madrileño dada la reclamación interpuesta por dicha entidad. Los hechos, que se desarrollaron entre 2007 y 2009, supusieron la baja del cobro de recibos emitidos por valor de 77.495,67 euros, una decisión que fue aprobada por el concejal de Hacienda, Luis Miguel Pareja, miembro del Partido Popular y cesado por el equipo de gobierno de Nuevo Baztán a raiz de estos hechos.

AES entiende que “la resolución de baja” en el valor de los recibos efectuada por el concejal “carece de toda motivación, no haciéndose mención alguna al error detectado, en qué consiste, por qué afecta a estos recibos, en qué medida…”. “Además de esta irregularidad, se observa en dicho documento, la ausencia de firma del Secretario de Ayuntamiento, ni consta informe favorable de la Intervención, que poco más de un mes antes, había informado en contra de las alegaciones de la Entidad de Conservación Eurovillas, y por tanto a favor del mantenimiento de los citados recibos”, lo que supuso un perjuicio para las arcas municipales de 51.278,89- euros”, explican los socialcristianos.

AES señala que, de acuerdo con la documentación aportada, “existen indicios suficientes para pensar que se ha dictado una resolución de Baja de los recibos, de forma arbitraria, siendo conocedor el citado concejal delegado por los informes emitidos por la Intervención, de la injusticia de dicha resolución”. El vicesecretario interventor del Ayuntamiento dejaba patente en un informe de 2009 que la emisión de los nuevos recibos por importe inferior no fue sometida a la fiscalización de la Intervención. Después, según parece, el Ayuntamiento dejó sin efecto la bajada pero al existir el documento, la Entidad Conservadora de Eurovillas recurrió a los Tribunales para su aplicación.

La misma fuente recuerda asimismo que los concejales Carolina Quintanilla y Manuel Peinado, que encabezan las listas de AES al Ayuntamiento, pusieron estos hechos en conocimiento del Partido Popular. Como única respuesta, el partido liderado por Mariano Rajoy les conminó a que guardaran silencio “para evitar escándalos”, lo que motivó finalmente la salida de ambos del partido.

Por último, AES cree que estos hechos, según el artículo 404 del Código Penal, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que solicita la incoación inmediata de diligencias informativas para averiguar lo sucedido.