Muñoz se negó en febrero a declarar ante la jueza sobre el asunto.

Las contrataciones del Ayuntamiento de Manilva, gobernado por la alcaldesa Antonia Muñoz (IU), están en el punto de mira. Al margen de la instrucción que realiza sobre el asunto el juzgado de Primera Instancia número 5 de Estepona, la formación de izquierdas anunció ayer que «está investigando» si los 17 integrantes de la lista al ayuntamiento de Manilva, así como 57 de sus familiares, han sido contratados por el Consistorio de este municipio.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, explicó ayer en declaraciones a Europa Press que la dirección de esta fuerza política se ha puesto en contacto con sus compañeros de Andalucía para recabar información al respecto y ha avanzado que, si eso se confirmara, sería «intolerable». «Adoptaremos las medidas correspondientes para que esto se supere de una forma inmediata», añadió.

Las presuntas contrataciones forman parte de una ampliación de la denuncia realizada por el presidente del comité del empresa del Ayuntamiento, Francisco Román, durante la instrucción de este proceso. A raíz de esto, la regidora está imputada por presunta comisión de delitos contra la integridad de la administración pública. La primer edil se negó a declarar en el juzgado sobre este asunto, tal y como ya publicó este periódico el pasado 8 de febrero. El comité de empresa del Ayuntamiento envió ayer un comunicado -firmado por seis integrantes- en el que «reprueban» la actitud del presidente del comité de empresa, por ser «lesiva» a los intereses de los trabajadores y «claramente sectaria e injusta».

Más comedido que Lara fue el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas. Éste destacó la labor de la alcaldesa y afirmó que la denuncia contra la primer edil «está fuera de la realidad». «Es la alcaldesa que abre la estabilidad democrática en Manilva, que pone limpieza al gilismo y limpieza a todo lo que ha vivido de corrupción el Ayuntamiento de Manilva con anterioridad a este mandato, llevando a cabo un trabajo ejemplar», consideró el dirigente de izquierdas en unas declaraciones realizadas en Córdoba.

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En el mismo sentido se pronunciaron desde la ejecutiva local de IU, donde aseguraron que la mayor parte de estos contratos son anteriores a 2007, cuando la coalición de izquierdas no formaba parte del gobierno municipal. «Las personas restantes a las que se hace mención son casos puntuales en los que ha mediado una oferta pública de empleo y un comité de selección; como pueden ser los talleres de empleo, el procedimiento convocado para agentes de la Policía Local, los planes Memta o Proteja», añadieron en un comunicado de prensa.

La denuncia contra la alcaldesa también hace referencia a pago de facturas por un valor superior a los 69.500 euros a dos empresas propiedad del marido de la alcaldesa. A este respecto, desde la ejecutiva local de IU señalaron ayer que «en su momento recibirá el juzgado documentación detallada, demostrando que las mismas han sido realizadas de conformidad a lo dispuesto en la ley». Así, entienden que la alcaldesa está siendo objeto de un «juicio político» que la oposición pretende ampliar a los contratistas del Ayuntamiento.