Las ayudas europeas al empleo y la formación siempre han estado estrechamente controladas por el PSOE, a través de la Junta. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que  investigue un posible fraude masivo en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía, que han sido gestionadas por la Junta. Aunque aún se está en los preliminares de la investigación, se intuye que estamos ante un escándalo todavía más hiriente e importante que los de Mercasevilla y los ERE.

Hace meses se investigaron en Cádiz presuntas irregularidades cometidas por sindicatos al gestionar cursos de formación a trabajadores que estaban subvencionados por la UE. Esas pesquisas revelaron que en bastantes ocasiones las centrales sindicales cobraban pero no impartían los cursos comprometidos, aunque sí expedían los correspondientes diplomas a los interesados.

Diez miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores fueron detenidos en una operación contra el fraude en Cádiz por emitir títulos de formación a cambio de dinero. Los certificados eran concedidos por la escuela de salud pública de Canarias. El juez envió a prisión al secretario general del SIT de Cádiz. Habría defraudado más de un millón de euros. Usaban la tapadera de un sindicato, aunque sus miembros, según la Guardia Civil, no realizaban actividad sindical alguna. Esta supuesta organización expedía certificados y diplomas sobre cursos de formación no realizados.

Previo pago de unos 80 euros como mínimo y una fotocopia de DNI se les daba a los solicitantes sus títulos unos documentos que eran autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas. Más tarde eran presentados por los alumnos, para concursos oposiciones o bolsas de contratación, que ahora quedaría en duda.

Y ahora, las empresas

En este contexto se detectaron indicios de que existía una segunda modalidad de fraude con las ayudas europeas en la que los beneficiados eran empresas de la provincia. Esas subvenciones eran gestionadas por la Junta de Andalucía dentro de sus programas de apoyo al empleo.

Cuando una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta para acogerse a los beneficios de la ayuda europea, contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención que estaba estipulada.

Pero el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social sólo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio. Pero la Junta de Andalucía no cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que no sabía —o no quería saber— si aquellos empleos que decía crear eran reales o virtuales, de apenas unos días.

Ante la certeza de que este tipo de subvenciones habían llegado no solo a Cádiz sino también al resto de provincias de la Comunidad, la Fiscalía del TSJA ordenó a los fiscales provinciales, cuenta ABC,  que abrieran sendas investigaciones para determinar si en sus demarcaciones se habían producido sucesos similares y, por tanto, nos encontrábamos ante lo que podría ser una trama perfectamente organizada, según explicaron fuentes próximas al caso. Al frente del conjunto de la investigación se situó a los especialistas de la Guardia Civil.

De confirmarse, estaríamos ante un escándalo de enormes proporciones económicas, sociales y políticas. La investigación puede alcanzar a centenares de empresas y a miles de trabajadores, quienes por motivos aún no explicados, no denunciaron ni por sí ni a través de sus sindicatos, la situación.

En medio de este barullo corrupto, late la posibilidad de que haya cuajado una corte de intermediarios entre las empresas que se beneficiaban de las subvenciones y la Junta, que gestionaban los fondos de la Unión Europea, jun modelo parecido al de los ERE.

Según las investigaciones, al menos ha existido una actuación negligente por parte de la Junta de Andalucía. Las pesquisas en marcha no descartan actuaciones delictivas