Decenas de pequeños inversores granadinos están asustados y llenos de incertidumbre por su confianza y ahorros depositados en el grupo Nueva Rumasa. Estos granadinos, quizás invertieron en los pagarés y ampliación de capital de las empresas del Grupo de Ruiz Mateos, inducidos la mayoría por ser una de esas diez empresas acogidas al «preconcurso de acreedores», la firma nacida en la década de los sesenta y expandida en Granada, DHUL.

Más incertidumbre por supuesto tienen los casi 400 trabajadores de DHUL. A éstos trabajadores del «buque insignia», aún se les adeuda las extras de julio y Navidad, y sus haberes mensuales los vienen cobrando, desde hace meses, con cierto retraso, según me comunican algunos de ellos. A parte de las deudas que mantiene con las distintas administraciones ésta empresa en concreto, a pesar de las ayudas a través de la Junta de Andalucía, ERE incluido, para su nueva planta de Jaén, que se está construyendo.

No trato con éstas letras de «cargar» la culpa de la situación que atravisa DHUL o el Grupo, contra la Familia Ruiz Mateos o sus gestores. La pregunta que nos hacemos los granadinos y españoles que han confiado sus ahorros en Nueva Rumasa es si se pudo haber evitado. La respuesta es clara y contundente. Claro que se pudo evitar. Lo increíble es que en medio de una profunda crisis financiera, que tanto daño ha hecho a los ahorradores, se haya permitido la captación de dinero entre los pequeños inversores sin la menor garantía y control.

El argumento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Gobierno es que la ley en vigor permitía apelar al ahorro publico cuando se hiciera a partir de 50.000 euros. La ley, ignorante de la crisis que nos afecta, consideraba que quienes pueden invertir 50.000 euros son inversores con una cierta cultura financiera que no precisan el apoyo del organismo regulador del mercado.

El problema es que Nueva Rumasa utilizó los medios de comunicación mas generalistas y de mayor difusión (prensa, radio, televisión…) para captar dinero y no precisamente entre quienes tienen cultura financiera.

Un ejemplo, un anuncio de Nueva Rumasa fue el primero que se emitió, tras la retransmisión de las uvas de fin de año, en una de las dos grandes cadenas privadas. Ese anuncio, bastante caro como se sabe, fue pagado con el dinero de los pequeños inversores que debería financiar la adquisición de nuevas compañías.

Es verdad que, frente a esta intensa campaña de publicidad, la CNMV publicó hasta siete advertencias, pero de ellas no se hicieron eco las televisiones, ni las radios y solo algunos medios de comunicación, mientras recibian pingües beneficios de publicidad de Nueva Rumasa. Dichas advertencias sirven ahora para que la CNMV afirme que hizo todo lo que pudo, aunque en la Comisión se tenía la certeza de que todo terminaría como está acabando.

¿Y el Gobierno? Pues, el Gobierno tardó más de un año en darse cuenta de que la legislación era insuficiente y en aprobar una nueva norma para evitar que Nueva Rumasa pudiera seguir captando tan fácilmente dinero. Para cuando aprobó la nueva norma, miles de ahorradores habían sido ya atraídos por el holding de la familia Ruiz Mateos, que según publican algunos medios, se encuentra en paraísos físcales esos ahorros.

Lo peor de todo es que tanto la CNMV como el Gobierno se encontraron con unas arriesgadas prácticas que las estaba llevando a cabo una compañía que era, sin duda, la continuación de aquella Rumasa que hubo que intervenir hace ahora 28 años. ¿No habría sido este último un elemento suficiente para vigilar y controlar mas de cerca sus ofertas financieras?

Tal parece que solo nos preocuparan aquellos delitos que tienen implicaciones políticas y todos los demás, aunque provoquen graves tragedias personales, se dejan bajo las responsabilidad de los propios ciudadanos sin el apoyo del Estado. Por eso, este Gobierno y los medios de comunicación, en el caso que siga adelante el concurso de acreedores, y se consolide en un juzgado de lo Mercantil, serán cooperadores necesarios del quebranto de cientos de españoles.