Las listas de espera podrán crecer, “es una herramienta de gestión de nuestro sistema y las soluciones tendremos que encontrarlas dentro del propio sistema”, declaró el conseller de Salut Boi Ruiz ante la comisión de Salut del Parlament.

Con los presupuesto de momento prorrogados, esta conselleria se enfrenta a medidas de gestión “que no podemos dejar de tomar. No son medidas coyunturales”, advirtió Boi Ruiz.

El efecto más visible será quizá el alargamiento de las listas de espera, al menos de algunas, pero lo que se pretende es mirar con lupa cada prestación. No para eliminarlas, porque no se puede, “sino para priorizar en cada una de ellas en función de las necesidades del paciente”. Algunas de las prestaciones más recientes incluidas en el catálogo de la sanidad pública, como el aborto o la salud bucodental, no tienen dotación económica detrás, “por lo que las estamos atendiendo pero les pasamos la factura al ministerio. La de la interrupción voluntaria del embarazo del año pasado es de 13 o 14 millones, que no nos han pagado”. Otro caso es la atención al pie del diabético: “No podemos mandar a todos al podólogo cuando se puede enseñar el autocuidado”.

También recomendó que los ciudadanos que ya están en mutuas no se den de baja e incluso que haya afiliaciones nuevas. Ruiz dijo que si el 24% de cuantos ahora están en mutuas pasaran al servicio público, este no podría asumir toda esa asistencia.

El paciente será otra de las dianas de lo que quiere hacer el nuevo Gobierno. Que el paciente esté informado “pero sin pasarse de vueltas, que hemos pasado de la imposición de manos al Google. El enfermo debe estar informado, pero esto no es como una barra de bar”, refiriéndose a la presión que médicos y enfermeras reciben por usuarios que exigen prestaciones concretas. “Tenemos que devolver la autoridad a los profesionales”. Es el lema: lo que digan médico y enfermera ha de ser la guía para el paciente y para el consumo sanitario. Y prometió que se intentaría adelgazar al máximo todo lo que hay entre el paciente y el médico, especialmente cargos administrativos.

Para la concienciación de los pacientes, “empezaremos en los servicios del Institut Català de la Salut de Girona el próximo 7 de febrero”, anunció mostrando un plan de medicación en el que se detalla a cada paciente los medicamentos a largo plazo, a corto, los por si acaso y la duración de esos tratamientos. Y al final, se consigna el precio y la parte que el usuario paga. “No podemos permitir que el 20% de las recetas electrónicas nunca se recoja en la farmacia porque el paciente ha decidido no tomar lo que le indica el médico”, apuntó Boi Ruiz.

El plan informativo se completará en toda Cataluña progresivamente. A Barcelona le tocará en marzo. Y se completará con la factura hospitalaria y con paneles que continuamente informarán en cada sala de espera del precio de las pruebas que están haciendo. “Necesitamos la concienciación de los ciudadanos, que sepan que esto no es gratis y que tendremos los servicios que podamos pagar”.

Otro objetivo es el profesional. Además de pedirle que haga de agente concienciador y gane autoridad, le van a exigir más productividad. “Esto no es sostenible con 35 horas semanales”. A cambio, ha asegurado que las medidas no afectarán a los sueldos ni a los puestos de trabajo.

Otra pata del plan para hacer sostenible el sistema es, a juicio de Ruiz, reorganizarlo. Más peso y resolución en la primaria; más tecnología que evite visitas al especialista; más concentración de servicios para “tener masa crítica que garantice la calidad asistencial” y de paso no haya que pagar guardias en tantos centros; universalizar las agrupaciones de interés económico, que permiten reunir equipos y reducir costes.