El titular no es una broma, ni siquiera una metáfora. Es literal: hay juzgados en la provincia de Castellón que tienen que pedir a otras salas que les cedan folios para poder hacer su trabajo o, en todo caso, comprar ellos mismos papeles, bolis… Una situación que va de mal en peor y que evidencia la situación por la que atraviesa la administración de justicia en toda España.

La situación es desoladora: edificios con amenaza de derrumbe, falta de material de oficina, de personal… Todo unido a un déficit de infraestructuras y a un sistema judicial (el español) que sigue sin dar el salto al soporte digital. Todo lo relacionado con la Justicia se acumula en legajos de papeles. Según recoge Las Provincias de fuentes de los sindicatos de Castellón, los propios funcionarios de los juzgados de Nules y Villarreal han tenido que coger sus coches e ir hasta la Ciudad de la Justicia de Castellón para pedir que les prestaran folios. Pero sólo papel, porque en los juzgados de Castellón también andan escasos de otro tipo de material.

La raíz del problema estriba, según los sindicatos, en que la Conselleria no paga a las empresas que se encargan de suministrar el material. «De ahí que, cuando llevan unos meses sin cobrar, apuesten por dejar de traernos los folios, la tinta de las impresoras e, incluso, los bolis», señalaban desde CCOO.

Se trata pues de una situación límite ya que esta semana se ha sabido que hay veces en las que no se puede tomar una declaración porque no hay bolígrafos. O los jueces no tienen papel para dictar una sentencia… «La sociedad parece que mire el problema de lado, cuando en realidad es un conflicto para todos, no sólo para los funcionarios», señalaban fuentes sindicales.

De hecho, su argumento es que la sociedad sólo se moviliza (y por tanto evidencia su apoyo) cuando hay un error judicial grave. Casos como el de Mari Luz Cortés son los que hacen que el ciudadano de a pie se pregunte por qué hay tanto déficit en los juzgados españoles.

Es decir, pese a las promesas de modernización de la Justicia, las distintas salas de la provincia no están conectadas, al igual que el resto de las de España. Si un acusado tiene una causa pendiente (o una sentencia) en una sala de Madrid, el juez de Vila-real no tiene por qué tener constancia de ello. Tal y como señalan desde los sindicatos, «lo raro es que no pasen más casos».

Y luchando ante estos problemas se encuentran funcionarios, personal interino y jueces que tratan de sobrevivir entre junglas de legajos por resolver. Tal y como relataba una secretaria judicial que prefiere seguir en el anonimato, «normalmente, cuando acabo la jornada, que es a las 15.00 de la tarde, me llevo el trabajo a casa».

Aún así, el trabajo es imposible de abarcar. «Podría estar meses sin dormir, sólo dedicándome al trabajo, que no acabaría con todo lo que tengo pendiente», aseguraba. De hecho, la secretaria lanza una pregunta al resto de trabajadores: ¿serían ellos capaces de hacer siete horas extra al día sin ningún tipo de remuneración?

En Castellón, a su vez, el problema parece ir a más. Tal y como explicaban desde los distintos sindicatos, la falta de material está haciendo que «se produzcan actos de pillaje entre los trabajadores» ya que en el caso de que un departamento se quede sin papel, posiblemente la jornada laboral se complique, sino se queda paralizada.

Falta personal

Los sindicatos no sólo alertan de la falta de material, sino también de trabajadores. En casos como el juzgado de Nules, la realidad se empeña en mostrarse tozuda y demostrar que no hay suficientes manos a la hora de trabajar. Sin embargo, el caso más grave es del juzgado número 3 de Villarreal donde no hay ningún funcionario y los asuntos se amontonan en papeles y cajas por los despachos.

Según las mismas fuentes, a principios de octubre en esta sala los tres funcionarios que había se marcharon en comisión de servicio, lo que ha dejado todos los asuntos encima de la mesa y sin ningún relevo ya que, tal y como denuncian los sindicatos, la Conselleria no ha cubierto estas plazas.

En una situación muy similar se encuentran los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Esta misma semana, los trabajadores secundaron «en su totalidad» el parón informático de diez minutos por la falta de medios personales y materiales, según informaba Efe.

En un comunicado conjunto, los sindicatos CCOO, STAS Intersindical Valenciana, UGT y CSI-F aseguraban que a mediodía se apagaron todos los ordenadores, que ya desde hace una semana tienen un lazo negro en el monitor como señal de protesta.

En ese tiempo, los funcionarios de justicia estuvieron dedicados a tareas en las que no era preciso el uso de la informática. La protesta, «ha respetado en todo momento la atención directa al público y la practica de diligencias inaplazables, para evitar el mas mínimo perjuicio a los ciudadanos», explicaban.

Los funcionarios mostraban con la protesta su «malestar por el trato desigual que sufre la provincia por parte de la Generalitat Valenciana y por las graves carencias de medios personales y materiales que inciden el funcionamiento de la justicia, impidiendo realizar con normalidad el trabajo cotidiano de los funcionarios».

El pasado 31 de diciembre entró en marcha el juzgado número 9 de Castellón con cacerolada, pitos y sin la visita de ninguna autoridad (cosa extraña en estas circunstancias) ya que, la solución aportada es trasladar personal de otros juzgados al de Castellón.

Desde los sindicatos consideran que harían falta 16 funcionarios más en los juzgados para reducir el excesivo volumen de trabajo que soportan actualmente. Un hecho denunciado también por activa y por pasiva por jueces, fiscales y procuradores de toda la provincia. De hecho, los juzgados de Primera Instancia de Castellón tramitan el triple de la carga de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los abogados, sin cobrar

Si mal están los funcionarios de los juzgados, peor están los abogados del turno de oficio de Castellón ante el impago que mantiene la Generalitat con este gremio. Esta situación ha obligado a tener una nueva reunión dentro del Colegio Oficial de Abogados para determinar qué acciones tomar.

Ante la situación (se les adeuda dinero desde el año pasado) se ha optado por constituir una comisión que analice qué acciones determinar. Por ejemplo, algunos hablan de protestas en la calle, otros de presión mediática… Lo que está claro es que, tal y como explicaba el decano, Manuel Badenes, «alguna acción hemos de tomar» ya que el Consell les ha asegurado ahora que recibirán en marzo la deuda que tiene contraída con el sector. Una de las posibilidades es acudir al turno de oficio apurando el plazo de tiempo, aunque no gusta a parte de los abogados ya que va contra las garantías procesales de los acusados.