La sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados isleños está teniendo efectos especialmente negativos en la aplicación de las penas más leves, como en el caso de las multas, ya que el colapso de la sala encargada de hacerlas cumplir está haciendo que, con carácter puntual, algunas lleguen a prescribir, a lo que se suman las demoras de hasta año y medio en los juicios relacionados con conflictos entre trabajadores y empresas, según se reconoció ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Su presidente, Antonio Terrasa, indicó que los asuntos registrados en el archipiélago durante el pasado año registraron un incremento aproximado del 7%, lo que hace que en estos momentos las islas precisen de 26 jueces más para hacer frente a semejante volumen de trabajo.

Sin embargo, y en previsión de que estas plazas no se vayan a crear, el mensaje que se ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial, para que a su vez lo transmita al ministerio de Justicia, es que como mínimo se renueven los refuerzos que existían el pasado año para intentar hacer frente a esta situación, ya que algunos no se han mantenido, como en el caso de los juzgados de lo social.

Problemas más graves

Cuantitativamente, el problema más grave se registra en el juzgado de lo penal encargado de ejecutar las penas que se dictan. Su colapso es de tal magnitud que se reconoce que algunas penas leves, como sanciones económicas, han podido prescribir al no exigir su cumplimiento en el plazo fijado, un riesgo que se ha venido comunicando durante los últimos años. Sin embargo, se descartó que este tipo de situaciones se hayan podido dar con las que suponen el ingreso en prisión.

Pero cualitativamente, Antonio Tarrasa no ocultó que el problema más serio se está dando en los juzgados de lo social, ya que en estos momentos los juicios que no tienen un carácter urgente, como aquellos que suponen la reclamación de alguna cantidad económica del trabajador a la empresa, están registrando demoras de hasta año y medio, con el impacto que este hecho tiene sobre las personas que aspiran a recuperar estos ingresos en una situación de crisis económica. En el caso de los despidos, la espera es de unos cuatro meses.

También se reclama que se mantengan los refuerzos en la sección de la penal de la Audiencia Provincial, a la vista de la complejidad de algunos de los casos que está abordando, como los de corrupción política, delitos económicos o narcotráfico, por citar algunos ejemplos.

Igualmente, se pide que continúen los apoyos en los juzgados de lo mercantil –en este caso no se ha renovado el grupo de interinos con que se contó en 2010–, ante los numerosos asuntos pendientes pese a que se registran menos concursos de acreedores.

Al margen de las peticiones del TSJB, los ministerios de Justicia e Industria presentaron ayer el convenio de colaboración para la modernización de los juzgados de paz del archipiélago –como su informatización y la digitalización de libros–, lo que supondrá una inversión próxima al millón de euros.