Negros nubarrones amenazan el futuro de la industria de la energía solar. Las medidas impulsadas por el Gobierno central para corregir el déficit tarifario del sector eléctrico han sentado como un jarro de agua fría a las empresas implicadas en este sector, que aseguran que se ha puesto en peligro la viabilidad de numerosas plantas fotovoltaicas.

Las organizaciones patronales señalan que unas 50.000 compañías en toda España tendrán que declararse en proceso concursal o buscar nuevas fórmulas de financiación para sus instalaciones, cuyos ingresos caerán previsiblemente un 30% de media. En Málaga y Andalucía la situación es aún peor, ya que las pérdidas podrían alcanzar el 40%, según Aprean (la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de la comunidad autónoma).

«Andalucía se ve gravemente discriminada con respecto al resto de regiones de España porque se perjudica claramente a las zonas con más números de horas de radiación y mejor calidad», explica el presidente de Aprean, Mariano Barroso.

La ‘culpa’ de todo este revuelo la tiene el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre del Ministerio de Industria, que ya ha sido rebautizado como ‘decretazo’ o ‘tarifazo’ dentro del sector. Dicha norma establece un límite anual de las horas de producción a las que resulta aplicable la tarifa fotovoltaica o prima por la producción de kilowatio/hora: 1.707 horas al año entre 2011 y 2013, cuando los huertos solares estaban produciendo entre 2.100 y 2.500. Todo lo que exceda de ese límite tendrá que venderse a precio de mercado, es decir, mucho más barato. A partir de 2013, el umbral varía en función del territorio.

Para la patronal, esta nueva ley representa un cambio en las reglas de juego que muchos pequeños inversores no podrán asumir, entre otras cosas porque la mayoría todavía está pagando a los bancos el coste de las instalaciones. «Esta es una inversión que dependía de dos cosas: el sol, que no nos falla, y el Gobierno, que sí nos ha fallado», lamenta Barroso.

Proyectos en peligro

Así las cosas, la falta de rentabilidad puede convertirse en una losa muy pesada para las 17 plantas fotovoltaicas que operan en la provincia y que suman cerca de 40 megawatios de potencia instalada. Pese a que la fuerza de este sector en Málaga es limitada (con un 6% del total de Andalucía, es la que acumula menos potencia instalada de las ocho provincias), los cambios en el panorama también han puesto en peligro la decena de nuevos proyectos de huertos solares que se estaban tramitando.

Entre las empresas especializadas, la incertidumbre es la nota común. En Málaga, las compañías del ramo se pueden contar con los dedos de una mano y algunas como Rayosol o Soluciones Renovables fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores hace meses. Así las cosas, ya hay quien habla de un posible estallido de la burbuja fotovoltaica, aunque el presidente de Aprean rechaza las similitudes con el segmento inmobiliario, fundamentalmente porque la industria solar no se ha basado en la especulación, sino en una política de fomento de las energías renovables que ahora el Estado ha cambiado de un plumazo. «Nosotros hemos hecho los deberes y ahora nos penalizan», espeta Mariano Barroso.

Algunas firmas malagueñas que diversificaron sus áreas pueden salir mejor paradas. Es el caso de Genersur, que ha basado su crecimiento en el I+D+i, centrándose además en la energía térmica y en trabajos por encargo de clientes extranjeros. A una escala mayor, Isofotón se encuentra inmerso en un «proyecto de potenciación de la marca en el exterior», según ha anunciado su consejero delegado, Ángel Luis Serrano. En concreto, la fábrica de PTA, dedicada a la producción de paneles solares y que este pasado año fue adquirida por el consorcio Affirma-Toptech, ha reorientado su estrategia hacia la expansión a nuevos mercados como el americano y el asiático, con la idea de aumentar su capacidad de producción y pasar de los 100 megawatios a los 230 en 2011.

Plataforma de afectados

Ello no ha impedido que el nombre de Isofotón ya haya empezado a sonar como una de las integrantes de una futura plataforma empresarial destinada a defender los intereses de las fotovoltaicas, organización del que también formarían parte numerosas pymes y otras grandes firmas como Solaria, Siliken, Bergé Generación o Grupo T-Solar.

Hay que tener en cuenta que de esta industria dependen cerca de 80.000 empresas españolas (la gran mayoría pymes) que dan trabajo a más de 100.000 personas y que recibieron 20.000 millones de euros de entidades bancarias para financiar sus proyectos entre 2007 y 2008. No es de extrañar, por tanto, que muchos promotores se hayan echado a temblar y que algunas asociaciones sectoriales hayan anunciado su intención de recurrir la nueva normativa del Gobierno ante el Tribunal Supremo, el Constitucional o, incluso, el Tribunal Europeo.