Habrá ley reguladora de las descargas en Internet. No será la ‘ley Sinde’ que conocemos, tumbada sin piedad en el Congreso y que los internautas declararon primero «inaceptable» y luego «difunta». De sus cenizas surgirá un nuevo texto legal, una suerte de ‘ley Sinde 2.0’ sobre la que trabaja ya el Gobierno. Juristas y negociadores de los grupos socialista y popular buscan puntos de encuentro en pos de un consenso al que se sumen los minoritarios. El acuerdo será la base de una legislación que acabe con la filosofía del ‘todo gratis’ en la Red y ponga coto a la ‘barra libre’ en Internet. Más ahora que ha cambiado la percepción y la sensibilidad sobre el tema, tras producirse una situación que no satisface ni convence a nadie. Y es que la misma norma que se llegó a ver como una restricción en las libertades individuales en la Red, se empieza a ver ahora con otros ojos.

La partida decisiva se jugará en las Cámaras cuando a mediados de enero se reanude el curso parlamentario. Para entonces sus señorías se habrán mirado de nuevo en el espejo de las leyes que en medio mundo han tratado, con desigual fortuna y criterio, de poner algo de orden en el resbaladizo territorio de las descargas y los intercambios de archivos digitales entre particulares.

El camino hacia el consenso lo allanó el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que tendió un puente entre creadores e internautas y responsables de páginas de intercambio de archivos, a quienes recibió el jueves en la Academia de Cine. Concluyeron que es primordial «ceder por ambas partes» y «cambiar las reglas de juego» para que en un nuevo tablero los creadores puedan explotar su trabajo en la Red y los internautas acceder a él «a un precio razonable». «Todos estamos de acuerdo en que el gratis total es imposible», resumía el presidente de los cineastas, dispuesto a trasladar las inquietudes y los acuerdos de ambos sectores a la ‘tocada’ ministra del ramo, Ángeles González-Sinde.

Directo al mentón

La titular de Cultura recibió un certero directo al mentón político el pasado 21 de diciembre. Su controvertida ley, que debía ser el mascarón de proa de su gestión, fue tumbada en el Congreso, con un grupo socialista incapaz de lograr los apoyos necesarios. El PSOE se quedó solo en la defensa del texto y no logró pactar ni con el PNV ni con CiU, que reclamaron contrapartidas económicas para respaldar la Ley de Economía Sostenible (LES), el trolebús legislativo que incluía la ley antidescargas. Así se creó la incómoda situación que se quiere revertir.

Todo dependerá ahora del texto que se presente en el Senado, donde sus señorías podrán de nuevo introducir modificaciones. A pesar de que la mayoría popular (123 senadores del PP frente a 105 del PSOE) manda, todo apunta a que habrá un clima más ‘colaborador’, y será en su segundo viaje a la Cámara Baja cuando los socialistas demuestren qué fichas mueven y si los cambios son aceptables para la oposición.

José Luis Rodríguez Zapatero apostó por la segunda oportunidad para la ‘ley Sinde’ y anticipó, al hacer el jueves pasado balance del año, por dónde irán los tiros. Según el presidente, al día siguiente de su rechazo en el Congreso, los partidos políticos aseguraban «que querían hacer esto, que no estaban en contra». Insistió en que hay que garantizar la propiedad intelectual y respetar los derechos de los internautas «Se puede hacer y espero que lo hagamos y que tengamos el consenso», dijo.

La clave estará en las garantías judiciales que establezca la ley para la clausura de páginas web que oferten contenidos no autorizados: películas, música, libros o series de televisión sujetas a derechos de autor y para cuya explotación carecen de licencia. En el posible cierre de esas páginas radica la mayor discrepancia entre el Gobierno, que propone una acción rápida una vez que la petición del juez llegue a la Audiencia, y el PP, que apuesta por recurrir a una nueva instancia judicial, lo que supondría alargar el proceso y cargar contra el punto débil de creadores de películas, discos o libros, que ven desesperados cómo proliferan los enlaces para bajar ‘por la patilla’ sus productos el mismo día que llegan al mercado.

Sabemos ya que la ‘ley Sinde 2.0’ que propondrá el Gobierno no quiere cargar las culpas en el usuario, al estilo de la ley francesa y como demandan algunos colectivos de creadores. Que tampoco quiere apostar por la judicialización y que no contemplará la supresión del canon digital, exigencia del PP que forzó la rotura ‘in extremis’ de la primera negociación en el congreso. Otros temas candentes son la introducción de una instancia de arbitraje y la adecuación de nuestras normas a la legislación europea en el tema del canon digital.

El acuerdo parece posible desde la perspectiva de un pacto de Estado, según anticiparon el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Jáuregui habló de un «clima favorable» y de un pacto «factible» mientras que Rajoy, tras leer la cartilla a los socialistas por las prisas, reclamó «un interlocutor del PSOE, el que sea, para sentarnos y discutir». Ese interlocutor no es otro que José Enrique Serrano, muy próximo a Zapatero. En las dos próximas semanas, los negociadores mirarán con lupa las legislaciones sobre descargas, de la muy restrictiva y criticada norma francesa a la más que permisiva rusa. La ley gala, en vigor desde octubre, permite cortar la conexión a Internet a quienes persistan en las descargas ilegales. El cierre llega tras tres avisos, advertencias que ya han recibido más de 100.000 internautas franceses. A razón de 2.000 diarias.

Discógráficas

También es muy restrictiva la legislación estadounidense, el ‘Digital Millenium Copyrigth’, que desde 1998 prohíbe ofrecer y descargar cualquier contenido protegido. Discográficas y productores de cine actúan contra los proveedores de Internet antes que contra los usuarios, a pesar de que una sonada denuncia condenó a un usuario a pagar casi millón y medio de euros por bajarse 24 canciones.

En el polo opuesto están Italia o Rusia. En el país de Berlusconi la ley que regula los derechos de autor es de 1941. Se creó un comité técnico para la piratería digital, inactivo por ahora, y se aprobó en 2004 la denominada Ley Urbani, que contempla como delito penal para quien ponga en la red archivos protegidos y falta administrativa para quienes los baje.

Rusia se ha ganado a pulso la designación de ‘paraíso de la piratería’. Estados Unidos exigió legislar a la Duma, que tardó dos años en instaurar una ley blanda que castiga a quienes comercialicen música, películas o programas ilegales, pero no penaliza ni limita las descargas P2P.