El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves la ley de amnistía, siguiendo los puntos que había marcado el pasado mes de noviembre el abogado general de la UE. La justicia europea asegura que la ley “no se opone” a la normativa comunitaria; además, añade que no va en contra de los intereses financieros de la Unión ni de la directiva antiterrorista, en referencia a los actos de los CDR en aquellos momentos. De este modo allana el camino de vuelta del expresident Carles Puigdemont a España. Sí afea el TJUE al Gobierno que haya recurrido a un plazo de dos meses para que los jueces aplicasen la norma, y por tanto haya actuado con urgencia en la tramitación de la ley. No obstante, este paso no implica el regreso inmediato del dirigente catalán, pues ahora la pelota vuelve al tejado de los tribunales nacionales, que son los encargados de aplicar la ley.

Esta es la respuesta a sendas cuestiones prejudiciales enviadas desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, y la justicia europea insiste en que la norma se aprobó “en un contexto de reconciliación” y que no supone “una autoamnistía”, algo que sí había defendido un informe por ejemplo de la Comisión Europea. Eso sí, reconocen en el TJUE la particularidad de la norma y también remarcan el hecho de que se aprobó precisamente sin consultar antes a la justicia europea.

En la sentencia, el TJUE deja claro que la ley de amnistía no va contra los intereses financieros de la UE. “En efecto, la eventual incidencia en el presupuesto de la Unión no puede derivarse de un perjuicio ocasionado únicamente al presupuesto nacional debido a que la contribución del Estado miembro al presupuesto de la Unión podría verse afectada. En concreto, no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”, resume el tribunal a la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas.

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Lo mismo responde al ser cuestionado por el respeto a la tutela judicial efectiva. Así, el Tribunal de Justicia indica que, en un ámbito que es competencia de los Estados miembros, su control se limita “a los problemas del tal envergadura que presenten un carácter sistémico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”.

Pero sí hay algún tirón de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez: y es que la justicia europea señala que la ley española de amnistía “podría privar de efecto útil al procedimiento prejudicial”. Así ocurriría, dice la sentencia, “si el plazo máximo de dos meses que se impone a los órganos jurisdiccionales nacionales para dictar la resolución de extinción de la responsabilidad y alzar las medidas cautelares acordadas se aplicara aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todavía resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya planteado”. Es decir, recalca, como hizo el abogado general, que el Gobierno no dio margen suficiente a la justicia para adoptar un posicionamiento sobre la normativa.

No obstante, ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno español sostuvo que la ley de amnistía “se presta a una interpretación conforme con el Derecho de la Unión, según la cual el procedimiento puede suspenderse y las medidas cautelares pueden mantenerse mientras sea necesario para garantizar el efecto útil de la respuesta del propio TJUE”.

¿Y sobre terrorismo? Ahí el TJUE responde a una cuestión planteada por la Audiencia Nacional, y tampoco ve que la ley de amnistía vulnere la directiva europea sobre actividades terroristas. El tribunal observa que la mencionada directiva “no contiene ninguna disposición específica sobre los mecanismos nacionales de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía, y que, en consecuencia, no determina expresamente los límites de estos mecanismos”.

Pero aquí vuelve a haber un matiz: la aplicación de una amnistía como la establecida en la ley española de amnistía “supone que ciertos actos susceptibles de ser calificados de terrorismo que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha ley ya no puedan enjuiciarse en España”. Se trata de actos ejecutados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 en el contexto específico del movimiento en favor de la independencia de Cataluña, añade el tribunal.

Al mismo tiempo, el TJUE añade que “la definición abstracta de los actos comprendidos en esta exclusión de la amnistía, y en particular la circunstancia de que la ley de amnistía no precise con detalle la naturaleza exacta del conjunto de estos actos ni fije un umbral de gravedad para ellos, no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica” en el marco de la Unión. Sostiene la sentencia que esta es una técnica legislativa que consiste “en recurrir a formulaciones abstractas o a categorías generales, en vez de a listas exhaustivas, respeta este principio, siempre y cuando la interpretación de dichas formulaciones y categorías sea razonablemente previsible”. Es decir, recae en manos de las autoridades judiciales española determinar qué entra dentro de la aplicación de la ley de amnistía y qué no.

Por último, la justicia europea concluye que la ley española de amnistía respeta los principios de igualdad de trato y de no discriminación, puesto que, “a la luz de su finalidad expresa de favorecer la reconciliación política únicamente en el contexto de un movimiento político particular, no puede considerarse que los delitos cometidos en ese contexto y los delitos cometidos en otros contextos se correspondan con situaciones comparables”.

Las reacciones

En el capítulo de reacciones la más rápida fue la del líder de ERC, Oriol Junqueras. “Es un día importe para las personas que han sido absurdamente acusadas de terrorismo. Es una victoria política del independentismo”, celebró el que fuera vicepresidente de la Generalitat, condenado además por el procés. “Ya no hay excusas”, sentenció, clamando por la aplicación de la normativa. Por otro lado, los CDR han reclamado que se archiven las acusaciones de terrorismo emitidas contra ellos.

La satisfacción por parte del Gobierno se vio en el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Hoy es un gran día”, aseguró. “Ya no hay duda: la ley es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos lo que hoy confirma el TJUE, la amnistía pretender reducir las tensiones generadas” por el procés y facilitar “un escenario de reconciliación”, ha sostenido el ministro en una comparecencia sin preguntas en la que se refirió al “éxito rotundo” que a su parecer ha supuesto la ley de amnistía “frente a una de las peores crisis que ha vivido la democracia española”, sostuvo. “Menos de 10 años después de aquella crisis es evidente que la situación hoy no puede ser más distinta” porque hay, dijo, “normalidad”. Para Bolaños, “hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad y lo es gracias a la ley de amnistía”, terminó, antes de definir la normativa como “un logro colectivo”. Ve el ministro “el horizonte despejado para la plena aplicación de la ley” y ha pedido que se aplique a los líderes políticos del procés, entre ellos el propio Puigdemont.

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido aplicar la amnistía ya que considera que, tras la resolución del TJUE que la avala, “la ley de amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por lo tanto, su aplicación es de obligado cumplimento”. Para el jefe del Ejecutivo catalán ya no hay “ningún obstáculo democrático, constitucional ni europeo que impida la plena aplicación de la ley”. Fue muy rotundo: “El tiempo nos ha dado la razón”, concluyó.

Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, reaccionó con un mensaje en redes sociales. “La madre que me parió, lo que estamos haciendo juntos es histórico y lo hemos hecho con todo dios disparando”, escribió. “Hemos arriesgado y hemos ganado”, ha añadido. “En 2017, la lucha en el exilio era la que tenía menos probabilidades de ganar. En 2026, gracias al presidente Carles Puigdemont y el trabajo ingente de Gonzalo Boye, se ha demostrado la mejor vía para doblegar a España”. En una línea parecida habló el secretario general de la formación, Jordi Turull, quien cree que “ya no hay excusas” para la aplicación de la ley, pero asume que ahora empieza “otra batalla” para la vuelta de Puigdemont a España.

En el PP han insistido que el debate sobre la ley no termina con la sentencia del TJUE: fuentes de la formación comentaron que la sentencia “resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán éstos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución” pero que no es una sentencia “sobre toda la ley”. Además, han acusado a Pedro Sánchez de cambiar “el poder por la inmunidad”.