El decretazo con el que el Gobierno de José Antonio Griñán quiere convertir a más de 35.000 trabajadores que fueron contratados de forma anómala en empleadaos públicos ya ha llegado al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite la querella de Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía.

Ha sido la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que ha admitido a trámite la querella por presunta prevaricación contra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y ha dado traslado de dicha denuncia al fiscal, designando ponente y pasando las actuaciones al Ministerio Fiscal para su informe sobre competencia y contenido de la querella.

Ésta es la segunda querella presentada por SAFJA, en la primera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no entró en el fondo del asunto porque dicho Tribunal consideró que no era de su competencia al haber personal aforado de carácter especial. Por ello, SAFJA ha decidido seguir con los trámites jurídicos pertinentes, presentando la querella ante el Supremo, y continuar trabajando por la derogación de los Decretos-Leyes 5 y 6/2010. En estos decretazos, sus perjuicios irreparables se agravan ante la capacidad del Gobierno andaluz de deshacerse de las encomiendas de gestión a través de estas imposiciones al margen de cualquier legislación e ignorando las numerosas sentencias y autos que este Sindicato lleva años ganando en los Tribunales.

Precisamente esta semana la Cámara de Cuentas, en un informe provisional sobre la Cuenta General de la Junta del pasado año y que ya está en manos de José Antonio Griñán, recoge las pérdidas que tuvieron las empresas públicas, ahora llamadas Agencias, en 2009 y los 4.000 millones de euros que recibieron, lo que supone un 25% más (801 euros) de los presupuestados inicialmente. ¿Y no hay dinero para los pensionistas, para los parados, para las ofertas de empleo público, para el “cheque-bebé”, etcétera? Si esto pasa ahora, ¿qué pasará cuando los Decretazos se apliquen y den carta blanca a tantos “a dedo”? ¿qué pasará cuando las decisiones de ciertos servicios públicos estén en manos de trabajadores que deben regirse por el Derecho Privado y el político de turno?

Mateo Navarro, presidente y coordinador general del SAFJA, califica la actitud que el Gobierno andaluz está llevando a cabo en el sector público andaluz, a base de Decretazos, de “taciturna, dictatorial y exenta del más mínimo interés en el conocimiento de la problemática que afecta a sus ciudadanos y empleados públicos, del desprecio al sentido democrático y principios de buena fe, en la actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno en la determinación de los Decretos-Leyes 5 y 6/2010”.

Precisamente esta forma de actuar, afirma Mateo Navarro, “ha determinado que nuestra organización sindical haya interpuesto, utilizando las herramientas que la Democracia y el Estado de Derecho ponen a nuestro alcance, para acudir ante el Alto Tribunal, en demanda de justicia y defensa de los derechos constitucionales vulnerados”. Finalmente, el Presidente de SAFJA espera y desea, en nombre de la organización, “que los derechos fundamentales y constitucionales que son vulnerados mediante las disposiciones de los citados Decretazos sean restablecidos mediante la oportuna sentencia y sancionados los correspondientes responsables de los citados atropellos”.