La ONG pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha constatado que al menos once miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos ciudadanos saharauis perdieron la vida durante el desalojo del campamento saharaui de Gdeim Izik el pasado 8 de noviembre de 2010 y en el subsiguiente estallido de violencia registrado en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

Los incidentes, según los datos recabados por la ONG, dejaron un saldo de unos 200 saharauis detenidos y objeto, en buena parte de los casos, de torturas y abusos –incluyendo dos casos de violación– cuyas señales podían verse todavía en los cuerpos de los saharauis en el momento de ser entrevistados por la organización, que denuncia que hasta el momento Marruecos no ha emprendido investigación alguna «a pesar del peso de la evidencia».

En su informe ‘Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sáhara Occidental’ publicado este lunes, la ONG ha calificado de «intolerable» este comportamiento, por el que exige a Marruecos que los responsables sean llevados ante la justicia.

En el documento, AI asegura que las fuerzas marroquíes que procedieron a desalojar el campamento se encontraron con «seria resistencia» de algunos de los residentes, con el resultado de nueve miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes muertos a manos de manifestantes saharauis «en circunstancias todavía no del todo claras, pero en la mayoría de los casos debido a puñaladas», una acción que Amnistía Internacional «deplora y condena».

EI detalla que otros dos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes fallecieron como consecuencia de la violencia desatada el 8 de noviembre en El Aaiún, uno de ellos, de nombre Nourredin Ouderham en el acto por una puñalada en el cuello, y el otro, Ali Zaari, arrollado por un Land Rover, que falleció tras nueve días de convalecencia «con fracturas en piernas y caderas», según explicaron sus familiares a la ONG.

Los dos saharauis fallecidos, uno de ellos «con pasaporte español», murieron en El Aaiún «en circunstancias pendientes de aclaración», según AI. El primero se trata de Brahim Daudi, de 42 años y padre de dos hijos. La información recabada por Amnistía es conflictiva: las autoridades informaron a su mujer que Daudi había fallecido a causa de un ataque de asma un día después de los incidentes en el campamento, contradiciendo a informaciones divulgadas previamente por medios oficiales que apuntaban a la neumonía como causa de la muerte.

En cualquier caso, Amnistía resalta que su viuda asegura que su marido jamás había tenido problemas médicos, y que a día de la publicación del informe no ha tenido acceso al cadáver para su entierro de acuerdo con la tradición saharaui, ni ha recibido certificado de defunción o informe de la autopsia.

El segundo fallecido se trata del ciudadano saharaui con pasaporte español Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, de 26 años de edad, quien fue arrollado por un vehículo policial que se dio a la fuga el día de los incidentes en El Aaiún, según informaron familiares y testigos presenciales. Las autoridades marroquíes aseguran que el vehículo se trataba de un coche particular.

Detenidos, torturas y abusos

En cuanto a la cifra de detenidos, AI asegura que todos los cerca de 200 detenidos en las protestas en el campamento y en la ciudad son saharauis. De ellos, a día de publicación del informe, 130 siguen a la espera de juicio. La ONG destaca que ningún marroquí ha resultado detenido «ni en relación a los disturbios contra la comunidad saharaui en El Aaiún ni sobre las alegaciones de tortura, palizas y maltrato recibido por detenidos saharauis».

«En algunos casos, los entrevistados habían sido golpeados con tanta violencia que les habían roto las extremidades, causado heridas o les habían hecho perder el conocimiento», aseguran los delegados de Amnistía, quienes aseguran que «muchos de los entrevistados tenían heridas visibles en su cabeza, rostro, espalda o articulaciones», las cuales eran «consistentes con sus alegaciones».

AI cita ejemplos de saharauis que parecen haber sido «claramente golpeados por las fuerzas de seguridad» en circunstancias que no suponían una amenaza a las fuerzas de seguridad marroquíes. Es más, AI denuncia que las acciones de los agentes marroquíes parecían ir deliberadamente destinadas a castigar a los manifestantes que hubieran expresado su respaldo al derecho de autodeterminación del Sáhara.

«Algunos de los detenidos alegan que fueron golpeados en el momento en el que rechazaron jurar lealtad al rey de Marruecos o a confirmar su nacionalidad marroquí», apunta el informe. Además, se tiene constancia de otras «formas de tortura y otro tratamiento cruel, inhumano y degradante», en particular respecto a dos casos de violación, uno de los cuales fue denunciado por el detenido –no se especifica su sexo– ante el juez de turno.

Falta de investigación

AI denuncia que no se tiene constancia de que «las autoridades marroquíes –ni la Fiscalía del Reino ni los jueces– hayan emprendido medida alguna para realizar investigaciones sobre las fuerzas de seguridad para hallar a los responsables de los abusos».

En este sentido, la ONG recuerda a Rabat su obligación de llevar a cabo «investigaciones rápidas e independientes» sobre estas acusaciones de tortura de acuerdo con los tratados humanitarios internacionales de los que Marruecos forma parte.

De igual modo, AI asegura que 19 de los saharauis detenidos han pasado a disposición de un tribunal militar en Rabat, acusados de «atacar la seguridad del estado». AI expresa «inequívocamente su rechazo al juicio de civiles en tribunales militares», ya que estos tribunales «ofrecen menos salvaguardas para un juicio justo» y «plantean dudas sobre su independencia e imparcialidad».