El Gobierno empieza a verse ante un callejón de difícil salida en su pugna frente a los controladores. El decreto del estado de alarma que le sirvió para forzar a los técnicos a volver al trabajo expira el próximo 18 de diciembre y, según su propio análisis, la situación no permite renunciar aún a la solicitud de una prórroga, pero el consenso que concitó aquella solución excepcional se resquebraja.

El PP lanzó ayer la primera advertencia en contra de la ampliación temporal de esa figura jurídica, hasta ahora inédita en democracia, y advirtió de que no puede ser utilizada «frívolamente».

No es la única formación que pone pegas a esa salida crítica con la que el Ejecutivo estudia garantizarse la tranquilidad durante las Navidades. Las fuerzas de izquierda en el Congreso ya avisaron al Gobierno en el debate parlamentario del jueves de que tampoco darían su visto bueno. Es cierto que para que la cámara autorice la prórroga bastaría con mayoría simple, pero también lo es que recurrir a una medida extraordinaria con casi la mitad de las Cortes en contra situaría al Ejecutivo en un situación difícil. «Que el estado de alarma sirva para resolver un conflicto laboral es dudoso, desde el punto de vista constitucional», anticipó el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons en la Cope. «La excepcionalidad no puede ser la medida preventiva del Estado español».

Dudas jurídicas

También está por ver que otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, respaldem la medida. Su apoyo no es ni preceptivo ni vinculante, pero refuerza la acción del Gobierno. Así ocurrió el pasado sábado cuando, en una reunión de urgencia, respaldó la decisión adoptada por el Consejo de Ministros extraordinario. Según fuentes del órgano de gobierno de la judicatura, en caso de prórroga no sería tan fácil lograr la unanimidad deseable.

A eso se une el hecho de que la Asociación de Fiscales protestara ayer por la presencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, el sábado en Moncloa. No opinaron sobre la declaración del estado de alarma en sí, ni lo harán sobre una prórroga. Pero, de entrada, matizaron que «supone una reducción de garantías y libertades constitucionales» y advirtieron de que, por ello, el representante del Ministerio Fiscal «como garante de las libertades públicas, debe mantenerse distante del foro gubernamental en el que se decida su adopción».

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no descartó aún así dar el paso. No se fía de los controladores, por más que el portavoz de su sindicato, César Cabo, haya asegurado que no harán huelga en Navidades y aunque haya descrito el comportamiento de sus colegas el pasado fin de semana como un «suicido colectivo».

El hecho de que, al mismo tiempo, haya denunciado que no había motivo alguno para cerrar el espacio aéreo porque el 70% de la plantilla se encontraba trabajando, o el que dijera que el decreto del día tres prueba que tenía la militarización preparada, escamó al Consejo de Ministros. «Hemos tomado nota del desparpajo notable con el que se pasean como si aquí no hubiera pasado nada, para defender sus privilegios tratando de minimizar los efectos de lo ocurrido, o de que se compartan responsabilidades;-avisó Rubalcaba en rueda de prensa- No son conscientes de que han hecho algo gravísimo».

Por si acaso, el Gobierno ya ha hecho sus cálculos: una prórroga exigirá un Consejo extraordinario, como tarde, el miércoles. Sólo así se evitarán «días en blanco».

En la imagen, Rubalcaba caricaturizado para AD por Jesús Ansebar.