España no se alarma
El Gobierno no ha tenido problemas para decretar el estado de alarma y sacar al ejército de los cuarteles para defender la libertad de movimiento de los 600.000 pasajeros que querían tomar el avión durante el puente de la Constitución. El Pleno del Congreso de los Diputados no ha tenido problemas para prorrogar el estado de alarma decretado ante la crisis de los controladores aéreos hasta el 15 de enero.
El PP no ha tenido problemas para abstenerse en la votación y, de esa forma y conforme al adagio de que ‘quien calla otorga’, desdecirse de lo que sostenía oficialmente hace sólo unas horas: que el Estado de Alarma no podía ampliarse más allá de los quince días naturales declarados en el Real Decreto. Esta afirmación se sustenta en el artículo 1, apartado dos de la Ley Orgánica 4/1981, que establece: “Las medidas a adoptar en los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias”.
Señalaba el PP antes de su abstención que la normalidad en el transporte aéreo se había restablecido, por lo que no cabía ampliar la duración del Estado de Alarma, ni siquiera aduciendo que sería una medida preventiva para impedir futuros conflictos. “La ley debe cumplirse y el 19 de Diciembre debe finalizar el Estado de Alarma”, sostenía rotundo uno de sus miembros.
De todo este inquietante episodio de la alocada vida política española sorprende sobre todo el adocenamiento de la opinión española, tan resignada al papel de comparsa que a nadie se le ocurrió preguntar al infame Gobierno y a la infame oposición por qué no se decretó el estado de alarma cuando los bancos, luego de ser cubiertos con dinero público para que otorgasen créditos a las pequeñas empresas, decidieron no soltar un sólo euro para ese fin, lo que incrementó el número de empresas en quiebra y elevó la cifra de parados.
¿Por qué el ejército no ocupó entonces las sucursales ni los banqueros fueron llevados a punta de pistola a sus despachos para que repartiesen en préstamos las ayudas del Gobierno?
Si se considera una violación de los derechos ciudadanos la pérdida de un fin de semana de vacaciones, ¿lo es también quedarse en paro? ¿O elevar en dos años la edad de jubilación? ¿O desahuciar a 260.000 españoles de sus hogares? ¿O sancionar al dueño de un restaurante de Mallorca por anunciar su establecimiento en la lengua oficial de España? ¿O permitir que Marruecos impida la entrada de alimentos en Melilla, lo que cualquier Estado decente y celoso de su dignidad nacional consideraría una declaración de guerra?
En estos y otros muchos casos no se ha decretado el estado de alarma ni se quiso enjuiciar a los responsables. ¿Cabe imaginar un hombre menos libre, con más telarañas mentales, más idiotizado (o más robotizado) y más esclavo de las sugestiones de los políticos que el español de nuestro tiempo? ¿Cabe tiranía más flagrante y manipulación más chabacana que las específicas de esta democracia de pitiminí, a las que deben ser agregadas las genéricas de una educación y de un ambiente social concebidos para la formación de esclavos y para la proscripción, por lo civíl y lo criminal, de quienes sueñan con ser y ejercer de españoles libres y no de súbditos al servicio de un puñado de bribones?