Los ERE en Andalucía cobran actualidad no sólo por los prejubilados fantasmas de Mercasevilla sino porque se ha sabido ahora que Antonio Fernández, consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, período durante el que el paro sobrepasó el millón de andaluces, se benefició estando aún en el Gobierno andaluz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) autorizado por la Junta a González Byass, la bodega jerezana a la que estaba vinculado como trabajador en excedencia.

Sin hacer mucho las cuentas, hay que tener presente que Fernández hace más o menos 20 años,. tal vez más, que no trabaja en la firma por su sucesión de cargos públicos que ha desempeñado desde el PSOE, desde la Diputación de Cádiz a la Junta de Andalucía. Tampoco pensaba incorporarse a ella enel futuro. De este modo, Fernández es prejubilado, diputado y presidente del Consejo Regulador del Sherry.

Fue un subordinado suyo, el delegado provincial en Cádiz, quien tuvo que poner la firma para que prosperase la petición. González Byass solicitó el 21 de abril de 2008 un ERE para prejubilar a 94 empleados con más de 53 años. La solicitud fue aprobada tan sólo ocho días después, estando de Consejero de Empleo uno de sus beneficiarios, Antonio Fernández.

Fernández tuvo que ser quien aconsejó a la Junta que aportara 19,75 millones de euros para complementar los ingresos de los empleados afectados por esta medida, al objeto de que éstos no perdieran nivel de renta. Pero la autorización de este expediente extintivo llevaba la firma, legalmente impecable, de un subordinado directo de Fernández, Juan Bouza.

Fernández ha dicho que le incluyeron en el ERE sin su consentimiento y que no fue él quien autorizó el expediente de regulación, sino su delegado provincial en Cádiz. Pero no es lo mismo firmar que autorizar. Sin el consentimiento del consejero de Empleo, que era él, es impensable que su delegado en Cádiz hubiera firmado el expediente de autorización.

El Comité de Empresa afirma no ver nada irregular porque se trataba de un asunto donde las fechas y las edades eran definitivas. Pero ahora el ex consejero Fernández se encuentra en una curiosa situación: por una parte, está prejubilado y podría si quisiera cobrar su sueldo y su indemnización por pérdida de renta, pero por otro preside el Consejo Regulador del Sherry.

Por ello, el presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, anunció ayer que su partido preguntará en el Parlamento andaluz cuáles han sido los trámites seguidos por la Consejería de Empleo y los requisitos y los condicionantes de las personas que se acogieron al ERE solicitado por González Byass en abril de 2008. El dirigente popular se preguntó si el ERE se habría tramitado en las
mismas condiciones en las que se llevó a cabo si Antonio Fernández no hubiera sido trabajador de esta bodega jerezana.

Loaiza añadió que un trabajador en excedencia se puede acoger a un expediente de regulación «siempre y cuando le haya comunicado a la empresa que se va a reincorporar», aclaró el dirigente popular, que entiende que «en aquel momento no tenía pensamiento reincorporarse» a la empresa.

Aunque Loaiza no dudó de la legalidad de que un consejero de Empleo se acoja a un ERE pero afeó la inmoralidad que supone. «Si una empresa tiene que deshacerse de trabajadores por el coste que les supone, siendo consejero de Empleo y por tanto, en excedencia forzosa, no le suponía ningún coste hasta que no se incorporara», dijo

De este modo, el prejubilado Fernández sigue como diputado en el Parlamento andaluz por la circunscripción de Cádiz y quiere compaginar este puesto con su condición de presidente del consejo regulador del Jerez.