El artículo 24.1 de la actual Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía expresa que “no podrán ser designados consejeros quienes el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los entes» del sector público andaluz”.

Pero el candidato socialista a la Consejería Mayor de la Cámara no cumplía este requisito ya que había sido consejero de una empresa pública hasta diciembre de 2009, por lo que el PSOE ha paralizado la renovación de la institución hasta que Antonio López Hernández, su candidato, cumpla la normativa vigente. Y eso ocurrirá el 16 de diciembre de 2009, salvo nuevas sorpresas. El PSOE prefiere un candidato bastante quemado por la situación a proponer otro nuevo con un expediente adecuado.

El actual Consejero Mayor, Rafael Navas, consensuado por el PSOE y el PP, no gusta al PSOE por los informes elaborados bajo su dirección, informes que han revelado numerosas irregularidades de la Junta. Navas permanece en funciones desde hace 2 años. Pero cuando el PSOE decidió que ya era hora del relevo, fue El Mundo quien destacó que el candidato socialista, el catedrático López Hernández, no cumplía con la legalidad vigente y no podía ser nombrado Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas.

Fue el cada día más desacreditado portavoz socialista del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien hizo pública la candidatura de López Hernández el 12 de mayo de 2009, con acuerdo inicial del PP. Pero no se había hecho público que López Hernández había sido consejero de la Empresa Municipal de Ogíjares SA (Emogisa) hasta el 16 de diciembre de 2009, día en que la citada sociedad se declaró en concurso de acreedores.

Y hay otro escollo. López Hernández ha seguido siendo comisionado de la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, un organismo que está integrado en el sector público andaluz en tanto que nace de la institución universitaria. y la ley vigente declara incompatible el cargo de consejero de cuentas con el hecho haber gestionado fondos públicos en el año inmediatamente anterior a asumir el cargo.

Poco despues de descubrirse los hechos el PP pidió al PSOE que encargase un informe jurídico sobre la compatibilidad de su candidato. Los socialistas dijeron que el Parlamento, en la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones, determinaría si existía o no incompatibilidad, pero seis meses después, la propuesta sigue congelada.

El PP acusa al PSOE de paralizar la institución por interés partidista

El Partido Popular andaluz ha asegurado que el acuerdo para la renovación de los miembros tanto de la Cámara de Cuentas, como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y del Consejo Consultivo se encuentra paralizado en estos momentos por el PSOE-A. Fuentes del PP andaluz indicaron a Europa Press que existía un “acuerdo cerrado” por ‘populares’ y socialistas en las últimas semanas, “con nombres sobre la mesa”, pero que la dimisión del vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, interlocutor de la formación en esta materia, ha paralizado este proceso.

“Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de este asunto”, han afirmado las citadas fuentes, quienes también recordaron que la formación se ha quedado de igual modo sin interlocutor con el PSOE-A para la adaptación de la Ley de Cajas de Andalucía a la normativa estatal, cuyo plazo culmina el próximo 13 de enero.

Como se recordará, en lo que se refiere a la Cámara de Cuentas, –donde cuatro de los siete miembros actuales, entre ellos el consejero mayor, Rafael Navas, se encuentran en situación de interinidad al haber concluido su mandato en diciembre de 2008–, los grupos parlamentarios de PSOE-A y PP-A anunciaron un acuerdo el pasado mes de mayo para renovar la composición este órgano, mediante una modificación de su ley reguladora, que se realizaría a través de una proposición de Ley que ambos grupos políticos habían consensuado. Pero la situación anómala del candidato socialista echó abajo la operación.

Según el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, a los socialistas les correspondería proponer a la persona que ocupe la presidencia de la Cámara de Cuentas, mientras que a los ‘populares’ la que desempeñe la vicepresidencia.