“Estamos trabajando más de lo que nos gustaría”. Habla Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente, un colectivo con más de una década de experiencia en la defensa de los derechos de los usuarios de toda la red sanitaria estatal, con un énfasis especial en la denuncia de las negligencias médicas. No le falta razón a Flores si se echa un rápido vistazo a las cifras recopiladas sobre estos episodios por la asociación, cuya base de operaciones se encuentra en Madrid, pero que cuenta con una amplia red de abogados expertos en derecho sanitario por toda la geografía. A lo largo de 2009, los letrados del colectivo recibieron un total de 12.837 casos procedentes de cualquier punto del Estado, 586 de ellos con resultado final de muerte y 561 más que el año anterior. Todo ello, además, teniendo en cuenta que sólo una pequeña parte de estos accidentes se dan a conocer a colectivos como El Defensor del Paciente, por lo que el número exacto de afectados resulta imposible de conocer.

Cuando un paciente cree haber sido víctima de un caso de estas características y lo denuncia ante El Defensor, la asociación lo deriva al abogado colaborador de la provincia correspondiente. Dos trabajan en la CAV. Éstos estudian lo ocurrido junto con la historia clínica del paciente, apoyándose en un perito médico que realiza un informe para determinar la viabilidad del expediente. Corroborada la negligencia, y siempre que el paciente dé su beneplácito, llega el momento de presentar la denuncia ante los tribunales, aunque no siempre se llega hasta el final.

Aunque el 90% de los casos que llegan “son susceptibles de ser denunciados” -explica Flores- el paciente a veces no lo hace por motivos económicos. “A muchas familias les surge una eventualidad grave pero están en paro, así que no pueden hacer nada”, lamenta. No en vano, un pleito de estas características puede suponerle al usuario un desembolso de 3.000 euros, incluyendo los costes que acarrean el trabajo de los abogados y los médicos que presentan informes periciales favorables a su reclamación.

El aumento de las denuncias recibidas en los últimos meses llama “mucho la atención” a Flores, que señala directamente a la Administración como responsable. “Hay un problema grave y es la mala relación que tiene con los profesionales, a los que hace sentir infravalorados; por no hablar del recorte de salarios que acaba de anunciar el Gobierno central”, sintetiza. Según constatan desde el colectivo, últimamente han aumentado “muchísimo” los errores de diagnóstico, “por mirar deprisa y no hacer una prueba más”. La última memoria de El Defensor del Paciente señala a las especialidades y servicios de traumatología, ginecología y obstetricia, urgencias, cirugía general y oncología como las más recurrentes en las denuncias.

Javier Arechabaleta, abogado del colectivo residente en Bilbao, contextualiza que el incremento de casos también se debe, en parte, a que los actos médicos “se han multiplicado por diez” en los últimos años, así como al “aumento de la conciencia del paciente a la hora de denunciar”. No obstante, Arechabaleta también puntualiza que “aunque el primer impulso es reclamar el error, la tramitación por la vía administrativa es muy larga y muchos acaban desistiendo”.