El alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado; su antecesor en el cargo, Jesús Sepúlveda, y otros cuatro miembros del Ayuntamiento, todos ellos del PP, han sido imputados por el juez que investiga un presunto caso de corrupción en las obras del parque de las Cárcavas, denunciado hace dos años por el PSOE de la localidad.

Según señala el grupo municipal socialista en una nota de prensa, en la causa que investiga e instruye el Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo están imputados el alcalde, el ex alcalde, el concejal de Hacienda, José María Mayo; la concejala Yolanda Estrada, imputada también en el caso ‘Gürtel’; el ex concejal de Hacienda, Roberto Fernández Rodríguez y el Jefe del Departamento de Contratación, Aniceto Baltasar.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando el grupo socialista de Pozuelo denunció ante los Tribunales el expediente de contratación de las obras de acondicionamiento del Arroyo de las Cárcavas, al sospechar que se habían cometido irregularidades.

Este proyecto se aprobó en 2005 y al año siguiente se adjudicó por 4,5 millones de euros a una UTE de la que formaba parte Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el «Gürtel», según el PSOE. Tras la aprobación de la modificación del proyecto, el precio final de obra fue de 11 millones de euros, un 110,24% más de lo inicialmente aprobado.

Dos meses después de las elecciones municipales, en julio de 2007, el entonces alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda inauguró el Parque de las Cárcavas, sin que las obras hubiesen terminado. Transcurridos seis meses, la Junta de Gobierno aprobó el final de los trabajos con informes negativos de la Secretaria General del Ayuntamiento y del Interventor Municipal, hechos que provocaron la denuncia del grupo municipal socialista, que ha solicitado la dimisión del alcalde y de los concejales imputados en este caso que están en activo.

Aguirre pide prudencia

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha sido preguntada por esta cuestión al término del Comité de Dirección del PP de Madrid celebrado hoy y se ha mostrado partidaria de esperar a que la Justicia determine si la denuncia que presento el PSOE «tiene trascendencia».

Aguirre ha señalado que ella desconocía este auto judicial y que tampoco Jesús Sepúlveda había recibido por ahora requerimiento alguno comunicándole su imputación en la causa, tal y como él mismo había comunicado esta mañana al secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. No obstante, la presidenta ha opinado que los imputados en cualquier causa judicial deben dimitir si se demuestra que han utilizado su cargo para enriquecerse.

Ha aclarado que eso no significa que los imputados en este caso hayan actuado de ese modo, sino que hay indicios y que existe una responsabilidad política, aunque ha subrayado que «respetar la presunción de inocencia penal».

Aguirre ha puesto como ejemplo que las obras de remodelación del Teatro Real se encarecieron de 2.000 a 25.000 millones de pesetas durante el tiempo en que se llevaron a cabo y «eso no quiere decir que hubiera delito o enriquecimiento» por parte de nadie. «Veremos a ver de que se les acusa a los imputados», ha añadido la presidenta, para después «tomar las decisiones que sean oportunas».