AD.- No hay voluntad del Gobierno de revertir la hegemonía del separatismo. Cada día que pasa se hace más evidente que Rajoy lo que pretende es que nada cambie en Cataluña. La diplomacia del engaño y la traición se ha puesto en marcha. Nada ha cambiado en Cataluña. El Gobierno ha aplicado un 155 descafeinado que en la práctica no ha supuesto otra cosa que la convocatoria de elecciones. El Gobierno ha dejado en manos de los separatistas las estructuras golpistas. El caso más sangrante es el de los medios públicos catalanes, que han sido una de la más poderosas armas con que han contado –y siguen contando– los golpistas.

Ocuparía mucho espacio recordar el nauseabundo rol que han desempeñado los medios públicos catalanes en el desarrollo de un procés manifiesta y radicalmente ilegal desde su mera concepción. Baste con denunciar que el agitprop, lejos de mitigarse, se ha recrudecido con una aplicación del artículo 155 que no ha contemplado la clausura o la intervención fiscalizadora de aquellos.

No será posible derrotar a los golpistas si no se los expulsa de unos medios públicos que han convertido en sentinas saturadas de desinformación y odio. Eso lo sabe el Gobierno, pero prefiere simular una normalidad que está bien lejos de existir. No en vano en 2014, en plena crisis económica, los separatistas no se cortaron lo más mínimo en justificar públicamente el espectacular incremento de las subvenciones que recibían por su “papel principal” en el “proceso de construcción nacional” de Cataluña. Sólo hay que ver a los medios públicos catalanes reconvertidos en la voz del “exiliado Puigdemont”. Se habla de Puigdemont a todas horas. Puigdemont pasea por Gante. Puigdemont pide un debate a Rajoy. Puigdemont niega cualquier autoridad al Estado español. Puigdemont presenta sus listas. Puigdemoint comiendo con un diputado flamenco. Puigdemont desayunando con un amigo de Gerona. Puigdemont entrevistado en el bosque. Puigdemont por aquí y por allá. El culto al delincuente Puigdemont está presente en todas las franjas horarias.

No es mucho mejor la situación de la enseñanza, cuya intervención no fue considerada prudente por un Gobierno que es a la dignidad nacional lo que Marta Rovira al Octavo Mandamiento. Ocho de cada diez docentes catalanes se declaran independentista, un porcentaje que no respondería a ninguna razón sociológica objetiva, sino a la estrategia urdida durante años por los gobiernos de la Generalidad para adoctrinar a los niños hasta convertirlos en zombies de la causa secesionista.

Así no vamos a ninguna parte. Por si fuera poco, las calles siguen siendo de los separatistas, los mossos colaboraron con el éxito de una huelga salvaje sin apenas apoyo social, se impide a los líderes del PP y Ciudadanos moverse libremente, se recomienda al Rey que evite visitar Cataluña hasta pasadas las elecciones y hasta Rajoy, el principàl responsable de esta comedia bufa, limitará sus visitas electorales a zonas poco frecuentadas. ¿De qué ha servido el 155 si la situación en las calles de Cataluña nos recuerdan tanto las de Vascongadas durante los años de plomo? Se abre paso el convencimiento de una rendición del Gobierno en toda regla. Este clima de impunidad, en medio de unas elecciones con las formaciones independentistas dopadas por los medios públicos catalanes, nos describe a un presidente que ha perdido el pulso frente a los secesionistas y a un Estado sin capacidad de reacción. El epílogo al golpe lo pondrán las medidas pasteleras que han sido acordadas. La previsible salida de prisión del los ex miembros del gobierno de la Generalitat, una vez que la causa que se sigue en la Audiencia ha recalado en el Tribunal Supremo, será la primera de esas medidas.

El director del Independiente, Casimiro García Abadillo, presentaba hoy un escenario todavía más inquietante: En Moncloa se da por seguro que la cúpula del independentismo será condenada a duras penas de prisión por el Supremo y que ello provocará una crisis institucional sin precedentes

Los máximos responsables de la conspiración -algunos de los cuales figuran en las listas de ERC, Junts per Catalunya o la CUP- pueden ser condenados a duras penas de cárcel y a inhabilitación ¿Qué ocurrirá si esto sucede cuando ocupen cargos en el Govern o sean miembros electos del Parlament?

El indulto se plantea como pacto para lograr la renuncia expresa a la independencia. Ese escenario es contemplado como una hipótesis más que probable por parte del gobierno. “Sería la tormenta perfecta, pero tenemos que contar con ello”, se resigna un miembro del Ejecutivo.

¿Qué hacer? La entrada de todo o gran parte del Govern y de un grupo de diputados en la cárcel -no ya de forma preventiva, sino cumpliendo condena- provocaría una crisis institucional sin precedentes, al margen de la utilización política que de ella haría el independentismo radical. El gobierno tiene dos opciones: asumir con todas sus consecuencias la sentencia del Supremo; o bien, ofrecer a los independentistas un pacto que consistiría en el ofrecimiento de un indulto a cambio de una renuncia expresa y rotunda a la independencia unilateral.

Sólo pensar en esa situación, que se concretará dentro de unos meses, pone de los nervios al gobierno. La opción más pragmática sería la de buscar un acuerdo, un gran pacto en el que necesariamente debería implicarse la oposición. Rajoy se inclina por esa vía y la prueba de ello ha sido la elección como Fiscal General del Estado del magistrado Julián Sánchez Melgar, un hombre al que sus compañeros del Supremo califican como “sólido jurista pero con menos aristas que su antecesor Maza”, fallecido en Argentina. Es decir, un Fiscal idóneo para una nueva etapa que el presidente del gobierno pretende que sea menos tensa y dramática que la que concluyó con la aplicación del arículo 155.

Los riesgos del pacto son evidentes. Los independentistas podrían vender ante su electorado que su salida de prisión implica una victoria: la “amnistía” política. Pero lo que más preocupa en Moncloa es la reacción contraria a esa vía por parte de los sectores políticos y mediáticos más a la derecha y que no están dispuesto a admitir el perdón a los que han puesto en riesgo la unidad de España.

Rajoy mira con recelo a su flanco derecho. Sabe que Aznar se está mostrando muy activo e incluso que dentro de la propia dirección popular hay quien ve esa alternativa como una traición. El cabeza de lista del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha dicho, en una entrevista publicada por el citado medio: “Si algún gobierno indultara a los golpistas, desaparecería del mapa político”. Lo que está haciendo Albiol es dar un aviso a navegantes. El líder popular catalán no está sólo en el PP en esta batalla contra el pacto. Una parte importante del gobierno recela de la vía del pacto y utiliza como argumento que, de producirse, se estaría dando una baza política impagable a Ciudadanos, que ha ganado enteros en las encuestas a costa del PP precisamente por su posición intransigente respecto a la independencia de Cataluña.