Fachada de un edificio de la capital en la que diferentes carteles de venta y alquiler de pisos.

Ramiro Grau*.- El ministro de hacienda en funciones no sabe de dónde arañar para que el Estado obtenga más ingresos, ante el vano intento de mantener todo el tinglado burocrático, diputaciones provinciales incluidas.

Las cuentas no salen, pues la actividad económica está bajo mínimos, y en cuanto pase el verano volverá a subir el paro, por la pérdida de varios cientos de miles de empleos temporales.

Pero, mientras tanto, los propietarios de pisos en las ciudades, casas en el medio rural, o apartamentos en las costas, los siguen alquilando a precios abusivos, y lo que es peor, cobrando en dinero negro, sin contratos, o con contratos que no se depositan ante los organismos autonómicos correspondientes, ni mucho menos las fianzas, que se quedan en sus bolsillos.

Es una realidad que quienes tenemos amigos propietarios de varios inmuebles, o clientes en esta situación, conocemos muy bien.

Se hacen contratos, fundamentalmente para tener un título jurídico al que poder agarrarse a la hora de desahuciar al inquilino moroso, pero se “exige” el paro en dinero efectivo, previa entrega de un recibo, que no va a ninguna parte, pues no se declara a Hacienda.

¿Conoce la AEAT esta situación? Pues salvo que sean tontos del culo, sí. Pero claro, en un país con más de medio centenar de diputados con piso en Madrid (algunos cinco, y hasta ocho y nueve), y que encima tienen la desfachatez de cobrar casi dos mil euros mensuales para gastos de hotel, parece evidente que ellos mismos son arrendadores, y es muy posible que también en dinero negro.

Vamos, que nadie tiene interés en que aflore ese dinero, se declare a Hacienda, se tribute por él en las cuantías que correspondan, etc.

No sólo eso, sino que Hacienda ha suprimido recientemente la deducción del 10%, creo recordar, de las cuantías pagadas en concepto de arrendamiento de vivienda, de los ingresos a tributar por el IRPF. Así de paso, se impide cruzar datos fiscales, pues para poder beneficiarse de esa deducción había que facilitar los datos del arrendatario.

¿Estamos en manos de gente absolutamente inútil, que solamente quieren gravar lo más fácil, es decir las nóminas de los empleados por cuenta ajena, o es que se trata de decisiones administrativas que bordean la prevaricación, cuándo no están claramente incursas en ese delito?

Lo dejo a su criterio. Yo tengo mi opinión al respecto, pero cada cual es libre de pensar lo que quiera.

De cualquier forma, con un sistema fiscal como el nuestro, es evidente que lo realmente patriótico es pagar lo menos posible… Total, para que nuestro dinero se vaya por el sumidero de los cuatro millones de empleados públicos, paridas, ocurrencias y despilfarros varios.

*Abogado