Me preguntan qué pretendo al presentar una moción municipal en el Ayuntamiento de Palafolls instando a la derogación de la Ley de Violencia de Género, responsable a mi juicio de la interposición cada año de cientos de denuncias falsas por parte de mujeres españolas y residentes en nuestro país.

Sobre todo la ocasión de poner en entredicho una ley, de proclamar en voz alta su consumada arbitrariedad y naturaleza sectaria, de poner en entredicho un sistema a través del cual se aprueban normas que distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al que pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender lo que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los ojos de la opinión pública. Cierto que existen algunos casos de maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas, y que yo condeno con toda firmeza, aunque infinitamente menores a lo que cuentan las estadísticas oficiales, pero le aseguro que el otro también existe, además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan. Desde el mismo día de la promulgación de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género (LOIVG) hemos podido constatar que en realidad no se trataba de una ley para la defensa de la mujer maltratada, pues de ser así se hubiera redactado en términos muy diferentes y se hubiera tratado de mantener el fundamental principio de que todos somos iguales ante la ley penal.

Ninguno de nosotros ignora el mal trato institucional que sufren los hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la repartición de bienes, se quedaron con lo puesto y sin ninguna instancia a la que acudir. Entre las crueldades de este sistema, ninguna como su ensañamiento con los hombres, la criminalización del hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier esposa desequilibrada, cruel y resentida. Ni siquiera tienen el derecho a la misma presunción de inocencia que tiene el peor de los criminales. En los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del denunciado pase por su trituradora.

Cada vez que en España se tramita una denuncia falsa de malos tratos, el Gobierno recibe más de tres mil euros de subvención de la UE. No importa si la denuncia termina en la papelera a los cinco minutos, aunque el protocolo policial establece la detención y posterior calvario judicial de un inocente. Pero genera mucho dinero, que las hembristas se reparten como buitres atacando la carroña. Las denuncias falsas por malos tratos las promociona el Estado porque se trata sin duda de un negocio rentable.

Sobre las estadísticas respecto al número de maltratos que se registran oficialmente en España, hay centenares de informes de prestigiosos expertos que prueban cómo la mayoría de las denuncias por maltrato son literalmente falsas. Yo también lo creo. Y no sólo yo: El año 2010 se cerró con un 40% de denuncias de mujeres extranjeras. Y los jueces ya anunciaron que al menos la mitad de las denuncias que se presentaron fueron falsas. Hay que recordar que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se ampliaron los marcos de aplicación de la ley de Violencia de Género por el procedimiento de otorgar más beneficios aún, en este caso a las mujeres inmigrantes sin papeles: automáticamente, solo por denunciar, tenían papeles, casa, pensión, cursos de formación y todo lo necesario para integrarse como una ciudadana española ya asentada.

El argumento que se dio entonces para tal medida es que así las mujeres extranjeras ilegales en España podrían denunciar sin el miedo que tenían de poder ser deportadas, argumento falaz totalmente falso ya que cualquier extranjero, con o sin papeles, puede denunciar un delito en España y por el mero hecho de estar su denuncia subjúdice ya no se deporta pues es parte en juicio. Así pues, lo que realmente había detrás era fomentar la industria y el negocio de género dando datos del crecimiento de denuncias que se hacían única y exclusivamente a cambio de beneficios sociales. Las subvenciones se están dando en función del número de denuncias, no de objetivos alcanzados, cuando se justificaba la discriminación positiva para la mujer, discriminación negativa para el hombre, por una cifra de muertas en manos de sus parejas que se mantiene por inutilidad de la Ley, creciendo, en cambio, el número de hombres muertos en manos de sus parejas.

Llegado a este punto me atrevo a establecer una relación entre denuncias falsas y hombres suicidados. Así, Rubalcaba anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar un decreto por el que los hombres denunciados, no condenados, por violencia de género se les retirarían la patria potestad. A un ladrón de bancos no se le retira, se puede ser ladrón y buen padre, pero resulta que una vez más ni hace falta ser condenado, solo denunciado por una mujer, para que a un padre se le quiten sus hijos, su casa, aunque siga pagando la hipoteca, y se le obligue a pagar una pensión alimenticia, cuando no, además, una compensatoria. Así se están suicidando entre 600 y 800 hombres cada año, cálculo que se hace extrapolando estadísticas porque el Estado de la Igualdad dejó de publicar estos datos a los dos años de aprobar la ley de Violencia de Genero, cuando observó que las falsas acusaciones estaban disparando la cifra de suicidios.

La falacia más grande de todo ello es justificar que estas medidas se toman por el bien de los menores. A una mujer denunciada por malos tratos no se le priva de la guardia y custodia, pero a un hombre sí; a un violador, a mi modo de ver la actitud más ruin del machismo “como situación de dominio y de poder contra la mujer”, como cita la ley de Violencia de género, tampoco se le priva de sus hijos. Es más, como el caso de Marcos, de San Adriá del Besos, Barcelona: su mujer le clavó 5 puñaladas, estuvo procesada por intento de homicidio, le quitaron la guardia y custodia mientras estaba detenida, pero ya está en la calle y los servicios psicosociales (SATAF) consideraron que la madre debía tener la guardia y custodia porque el padre “hablaba mal de ella” y se la han dado. Para el interés del menor no existen ni las maltratadoras, ni las asesinas, ni los violadores… solo existe que una mujer, que por definición es, ha de ser, siempre será y se ha de decir así, “pura, santa y buena madre” y que denuncie en falso a su pareja.

Hay otros casos igual de graves, como el de la estafadora que se sirvió de Internet para estafar a un pobre hombre y que, al ser descubierta, denunció a su víctima por acoso. En este caso, el acoso consistió en la pretensión del pardillo de recuperar su dinero. Y cada día son más las mujeres despechadas que, al amparo de las normas, pueden presentarse ante una comisaría a denunciar que han sido maltratadas, solas o acompañada por dos compinches encargadas de prodigar a la ‘maltratada’ toda clase de atenciones llenas de circunspección, como si se tratara de José de Arimatea y de Nicodemo sosteniendo el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz . Le aseguro que tras esta secuencia no hay marido en España que se libre del Vía Crucis.

Algunas mujeres juristas montaron en cólera por la ‘osadía’ de un juez de condenar a una agresora lesbiana. Una tal Altamira Gonzalo fue la cabecilla, entonces presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Señaló que es de una “ignorancia supina” aplicar esta norma a las parejas homosexuales, porque fue creada específicamente para “erradicar la violencia que se ejerce por los hombres a las mujeres en las relaciones de pareja”. Dijo también que la sentencia podría haber tenido ese sentido por “motivos personales” del juez contra la norma. Da por hecho que el juez mantuvo actitudes homofóbicas por no dejar sin castigar la perpetración de un delito.

Supongo que si ese mismo juez hubiese dictado una sentencia condenatoria contra un hombre acusado de poligamia o de alentar la mutilación genital de su hija, la tal Altamira le habría acusado de tener motivos islamófobos. Se da por hecho que este tipo de debates dentro del estamento judicial no abarcan casos como el de los delitos contra menores, ni contra la corrupción en amplias zonas de la geografía española, sino sólo los que afectan a los derechos y libertades de determinados grupos. No se puede sin embargo culpar a esta jurista de lo que el Estado no ha previsto. Es un problema de autoridad moral. Por eso siguen en lo de siempre.

Y si ha sido creada una ley para ser aplicada arbitrariamente en la supuesta protección de la parte más débil, ¿por qué no otra que aplicase todas las eximentes posibles al pobre de solemnidad que decidiera atracar pacíficamente una de las sucursales de los herederos de Emilio Botín?

La maltratada que habría sido condenada a pasar por el olvido si las resoluciones judiciales dependiesen de Altamira Gonzalo sufrió daños físicos y psicológicos terribles. Se pretendió borrar de las crónicas de sucesos casos como éste, más aún si la maltratada confiesa que nunca más volverá a convivir con una mujer. Y por supuesto quisieron cruxificar al portentoso juez que se atrevió a rebasar dogmas y prejuicios y por cuyo valor tendría que estarle agradecido toda la gente decente de este país.

En definitiva, poca defensa tiene el español del siglo XXI, cuya vida puede ser literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el sistema, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales, sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales.

Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: Desprecio a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de 1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley.

Poco o nada habríamos avanzado desde 1975 si un político electo no pudiera defender un punto de vista sin que ese punto de vista sea socialmente criminalizado. Gracias a Dios, mi vida no depende de cálculos económicos ligados a la política. Y si me metí en esto hace ya muchos años fue para defender los mismos principios que mi partido dijo que defendería en las elecciones generales de 2011. Hoy, cualquiera puede salir en un medio informativo a defender el aborto, la lucha armada, la perversión de la familia tradicional, la eutanasia, el islamismo radical… Cualquiera puede hacer burla de los símbolos cristianos, negar la existencia de Dios, acusar a los hombres por el sólo hecho de serlos, tachar de islamófobos a los que mantenemos una actitud de cautela hacia el islam… En cambio yo no puedo sostener que en muchas universidades españolas se adoctrina a los alumnos o que la Ley de Violencia de Género es injusta e inmoral, porque mi linchamiento social está servido. Hemos construído una aparente democracia en la que la libertad de expresión se garantiza, sí, pero a cambio de que defiendas lo que políticamente ha sido establecido como dogma laico de fe no sujeto a discusiones ni interpretaciones. Esto tiene todas las trazas de una sociedad orwelliana que mi partido, lamentablemente, no ha sido capaz de combatir, por sus incurables complejos ideológicos.

*Presidente y portavoz municipal del PP en Palafolls (Barcelona)