El teléfono del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha sido una fuente de sorpresas para los investigadores de la Divisió d’Investigació Criminal de los Mossos d’Esquadra, que durante dos años han seguido los pasos de esta trama corrupta que pivotaba en torno a la citada localidad vallesana. Sin duda, una de las principales sorpresas se produjo a principios del pasado año, cuando Manuel Bustos llamó a su hermano Francisco, que tenía el cargo de regidor del Espacio Público en el municipio, para comunicarle que tenía problemas para justificar algunos gastos de un viaje a Almería.

Durante esa conversación, el alcalde le dice a su familiar que «necesito que me des 1.500 euros para una cosa que hice con un juez. Ya sabes…». Los fondos parece que podían proceder de la Federación de Municipios, aunque tampoco se descarta que fueran de una federación del PSC. La frase parece sugerir que Bustos había hecho un pago a un magistrado por un determinado favor, y de hecho fue preguntado por este asunto durante el largo interrogatorio al que fue sometido el regidor. Si la frase era ya enigmática, la explicación que aportó lo fue aún más: «De eso no puedo hablar, es un asunto de Estado».

La investigación ha permitido aclarar que, según parece, ese dinero procedía de las «atenciones» con las que habría sido agasajado un magistrado de la Audiencia Nacional que viajó hasta Sabadell. En cualquier caso, esa forma de actuar del alcalde, parece que no era aislada, hasta el punto de que, según las fuentes consultadas, hizo algunos comentarios, incluso hasta al número dos del PSC y diputado en el Congreso, Daniel Fernández, imputado policialmente en la trama a la espera de que el instructor derive su caso al Tribunal Supremo.

Terminan las declaraciones

A todo esto, esta semana concluyeron las declaraciones de detenidos e imputados en la trama Mercurio tras cuatro jornadas consecutivas de maratonianas comparecencias ante el juez y el fiscal anticorrupción. Los citados como imputados el último día fueron, entre otros, Marisol R., quien fue mano derecha del exconcejal y exmilitante del PP en Sabadell, Jordi Soriano -al que los investigadores sitúan como conseguidor de las mordidas a los empresarios-, y hermana de otro de los imputados, una exconcejal de Castellar del Vallés ahora militante de PxC.

También declararon Joan L. S. y Ramon P. B., éste último, industrial de una empresa subcontratada por una constructora que hizo obras para el Ayuntamiento de Sabadell, y a quien pidieron que aclarara una factura.

Tras esta ronda de declaraciones ya son tres los empresarios que aseguraron ante el juez haber cobrado comisiones, con la mediación de Soriano, a cambio de tener facilidades para la contratación de obra pública.

Un de las comparecencias más esperadas de ayer, la última, era la de Melquiades Garrido, tío del alcalde Manuel Bustos y presidente del Gremio de Constructores de Sabadell. «Reitero con toda la tranquilidad mi inocencia. Me están hundiendo la vida», afirmó a los periodistas tras cuatro horas de interrogatorio en el juzgado.

Otra comparecencia significativa fue la del exconcejal socialista de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres, Antonio Jiménez, quien negó tener vínculos con una determinada empresa constructora involucrada en el caso. Jiménez estuvo imputado en 2009 en otro caso de corrupción urbanística que salpicó a PSC y CiU, la operación Pretoria, aunque finalmente se archivó la causa contra él.