Con un 5% de la población mundial, hoy día Estados Unidos tiene en sus cárceles a un 25% de todos los presos. En su lucha contra la superpoblación de las prisiones estatales, la administración estadounidense dio permiso a empresas privadas para abrir sus propias instituciones penitenciarias. Se sobrentiende que, a diferencia de las instituciones financiadas con el dinero público, estas cárceles tienen fines de lucro.

Aunque hace una década la industria de las prisiones privadas estaba a punto de perecer ahogada en la corrupción y las demandas judiciales, en este momento se está desarrollando a pesar de los escándalos que no dejan de surgir. ¿Cuál es el motivo? La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en un informe recién publicado, revela que la continua prosperidad del negocio se debe al brusco auge de la detención de inmigrantes tras los atentados del 11-S, junto con la influencia que las compañías empezaron a ejercer sobre los altos funcionarios del Estado.

Un negocio que prospera por las detenciones de inmigrantes

Entre los años 1999 y 2001 las cárceles privadas experimentaban dificultades graves y tenían que encontrar nuevos mercados para sobrevivir. Y la oportunidad no se hizo esperar: concentraron su atención en la detención de inmigrantes. Tras la adopción en 1996 de la Ley de Responsabilidad para Inmigrantes, que cambió la política de EE. UU. respecto a la inmigración, la cantidad de arrestos se triplicó. Además, después de septiembre de 2001, la detención de inmigrantes se volvió a disparar creando amplias posibilidades para el negocio de las prisiones que se encargó de recoger a casi la mitad de los inmigrantes arrestados.

Los ingresos de las cárceles privadas dependen directamente de la cantidad de presos, lo que les hace abogar por el endurecimiento de los castigos. Para los presos esto significa el alargamiento de los plazos, condiciones antihigiénicas y violencia.

“Los hispanos eran castigados por hablar su lengua nativa”

Un ejemplo de esta negligencia fue facilitado por una prisión juvenil privada de West Texas. No se informó de ninguna violación de los derechos de los presos o de sus reglas de mantenimiento hasta que observadores independientes informaron de que los presos eran segregados en celdas por motivos raciales, los hispanos eran castigados por hablar su lengua nativa y, además, al salir de la institución, los observadores “tuvieron que limpiar de excrementos sus zapatos”, según sus propias palabras.

A pesar de ser creadas y apoyadas para reducir los gastos estatales, no hay pruebas fehacientes de que las prisiones privadas cumplan esta función. Un análisis elaborado por el Departamento de Correccionales de Arizona mostró que el mantenimiento de las instituciones penitenciarias privadas de este estado cuesta más que el de las estatales, aun considerando que las privadas no aceptan presos enfermos para evitar gastos de tratamiento. De aquí surge una pregunta obvia: ¿hay alguna justificación para la existencia de este ‘negocio’?